Un 36% de los inquilinos de las viviendas de alquiler social de la Generalitat Valenciana llevan más de tres meses sin pagar la renta frente a un 5% del sector privado. El Consell tiene más de 4.099 contratos morosos (2.222 en Alicante, 1.651 en Valencia y 226 en Castelló). La Conselleria de Vivienda ha comenzado a tomar medidas para reducir la morosidad, que ha pasado del 38% en julio al 36% en marzo. La principal ha sido la rescisión del contrato a más de docientos cincuenta morosos de lagar duración. La Generalitat ha pasado de tener 11.659 viviendas sociales alquiladas en julio a 11.403 en marzo.
La elevada morosidad de las viviendas sociales de la conselleria se produce a pesar de que más del 45% están vacías. «La mala localización de algunas promociones alejadas del casco urbano y en urbanizaciones "fantasma" ha favorecido el bajo índice de alquiler y, en determinados casos, la ocupación ilegal y el vandalismo», aseguran desde la Conselleria de Vivienda. La cifra también contrasta con la del sector privado, que en Valencia tiene una tasa de ocupación de sus viviendas sociales del 95%.
La Generalitat ha aprobado el «Plan para la ocupación de la vivienda» para reducir la morosidad y el número de pisos vacíos. El plan de choque, que ya se ha puesto en marcha en Gandia, incluye la coordinación con los ayuntamientos, la reparación de las zonas comunes de las fincas y acciones de información.
El Consell también está realizando un análisis pormenorizado de las promociones para identificar «los problemas que dificultan el adecuado uso de las viviendas». Además, está elaborando una propuesta de precios de alquiler que se adapte a las circunstancias económicas de cada familia. «Es decir, el importe del alquiler será distinto para las diferentes rentas familiares», precisaron desde la Generalitat.
Caso por caso
Con el objetivo de reducir la morosidad y con el fin de evitar desahucios por falta de pago, la Generalitat se ha comprometido a estudiar caso por caso la situación de deuda de las familias que viven en el parque público de viviendas y que no pueden hacer frente a los atrasos. Además, ha iniciado una campaña de información sobre las ayudas destinadas a las personas sin recursos que viven de alquiler y que pueden acogerse a bonificaciones del 90% de la renta. «Estas ayudas se tramitan con celeridad para disminuir la cantidad a pagar por el alquiler de la vivienda social. Respecto a la deuda acumulada, se pagará una cantidad que sea asumible por los ingresos familiares sin tener que renunciar a sus necesidades básicas vitales», aseguraron las mismas fuentes.
Posibilidad de compra
El Consell también trabaja en una serie de medidas dirigidas a flexibilizar el acceso de las viviendas protegidas de promoción pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). «Para ello, tiene previsto promover ajustes normativos para modificar el régimen de usos de sus viviendas para que, indistintamente, puedan estar a disposición tanto en régimen de venta, alquiler o alquiler con opción a compra. El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda protegida a colectivos que económicamente no pueden comprar», según indicó la conselleria.
