06 de abril de 2016
06.04.2016

Descargan en Crespo, Amorós y Sogorb la mayor culpa en el falseo contable

El Fondo de Garantía de Depósitos pide penas que llegan a los 9 años de cárcel y 1.200 millones de indemnización

06.04.2016 | 11:51

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), acusación particular junto a la Fundación CAM en el proceso que se sigue contra la cúpula de la caja de ahorros por el presunto faseo de las cuentas (declarando beneficios cuando se arrastraban pérdidas millonarias), acaba de solicitar penas de prisión que en algunos casos llegan hasta los 9 años y una indemnización de cerca de 1.200 millones, cantidad en que ha calculado el daño que sufrió la entidad por el presunto maquillaje contable.

En su escrito de acusación, el Fondo, que reflotó a la entidad inyectándole más de 5.000 millones de euros antes de ser adjudicada por uno al Banco Sabadell, precisa que «de haberse sabido que tenía los problemas estructurales que se advirtieron después, no se habría invertido del modo en que se hizo».

Esta acusación sostiene que la contabilidad que se presentó de 2010 y la del primer semestre de 2011 «no obedecía a errores de cálculo sino a la deliberada voluntad de ocultar su verdadera situación jurídica y económica por parte de los máximos responsables de la entidad sobre los que se formula acusación», a los que atribuye los delitos de falsedad, estafa a inversores y manipulación informativa.

Sobre el expresidente Modesto Crespo, la exdirectora general María Dolores Amorós y el exdirector Teófilo Sogorb descarga el Fondo la principal responsabilidad en el falseo. Para los tres reclama nueve años de prisión frente los tres que solicita para el exdirector general Roberto López Abad, los tres para el exdirector Francisco Martínez o los dos para el también exdirector Juan Luis Sabater, estos dos últimos vinculados a las titulizaciones con las que se fingían beneficios y una reducción de la morosidad que no eran reales, según sostienen las acusaciones. Solicita también un multa de cerca de 145.000 euros por cabeza excepto en el caso de Sabater, que la fija en 81.000 euros.

Sobre Crespo, para quien el fiscal pide el sobreseimiento al entender que no estaba al tanto de estas supuestas irregularidades, precisa el Fondo que «no es creíble que los otros acusados pudieran llevar a cabo las manipulaciones contables sin que lo supiera o, al menos, no quisiera saber lo que estaba sucediendo».

Mientras que a López Abad sólo le considera responsable de las cuentas de 2010 (al año siguiente era Amorós la que estaba al frente de la entidad) de Sogorb afirma que «en el departamento del que era responsable se contabilizaron de forma irregular con su conocimiento y participación las operaciones de titulización fraudulentas que generaron los falsos beneficios de 2010 y participó también en las falsedades de 2011». Además de «ser consciente», junto a Amorós y Crespo, de que la «información falsa» que estaban publicando afectaba también a la cotización de las cuotas participativas.

El representante legal del Fondo mantiene que la «conducta falsaria» de los acusados «fue indudablemente idónea para causar un perjuicio económico cuando no acabó causando un quebranto definitivo a la economía nacional gracias a la obligada legalmente intervención del FGD». De los casi dos millones que reclama como indemnización considera que han de hacer frente de forma «solidaria y conjunta» todos los acusados así como Caser, con quien la CAM tenía suscrita una póliza para asegurar la responsabilidad civil frente a cualquier perjudicado por los actos cometidos por sus directivos que cubre 15 millones, además de otra de 25 millones vinculada a las cuotas. El Fondo insiste en que sin su intervención tanto la CAM como el Banco CAM «hubieran sido objeto de liquidación al encontrarse en situación de quiebra técnica».

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