La Conselleria de Economía ha exigido por carta al Ministerio de Industria que habilite una prórroga de seis meses para que los productores de energía solar de autoconsumo regularicen su situación. El pasado 11 de octubre entraba en vigor el decreto que regula las instalaciones de autoconsumo eléctrico, esto es, las que particulares y empresas utilizan en un circuito cerrado para su propia utilización y almacenamiento (tipo 1) o las que, además de autoconsumir, vierten una parte a la red (tipo 2).
Ese decreto, que grava la generación de energía solar con el conocido como «impuesto al sol», daba seis meses a los productores para darse de alta en el registro de administrativo de autoconsumo. El plazo expira en una semana y la realidad es que en la Comunitat Valenciana solo dos instalaciones se han inscrito, explican desde la Conselleria de Economía. Dos de las ochenta que, desde la patronal de empresas de energías renovables (Avaesen), estiman que puede haber en este territorio. En toda España sólo se han registrado 21 instalaciones.
Así las cosas, la directora general de Energía, Júlia Company, remitió el pasado 29 de marzo al Ministerio de Industria una carta reclamando «que se amplíen los plazos en al menos seis meses». El real decreto contempla sanciones a las instalaciones que permanezcan en situación de ilegalidad —que serían prácticamente todas—, aunque se da por hecho que la administración autonómica, titular de la competencia sancionadora, evitaría esa vía. Otras comunidades como Baleares y Castilla la Mancha también se han sumado a esta reclamación, que capitanea la patronal estatal fotovoltaica Unef.
Además, Company pide que se simplifiquen aspectos técnicos, así como la creación de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, para armonizar los criterios de aplicación de la normativa en todo el territorio.
El Consell prepara incentivos
La patronal valenciana lleva en pie de guerra con el Gobierno desde que se anunció una normativa que, en su opinión, está concebida para «desincentivar el autoconsumo». La normativa incluye ese «impuesto al sol», que obliga a pagar a los que además de tener paneles fotovoltaicos permanezcan enganchados a la red convencional: el pago de un fijo por potencia instalada y otro variable por megavatios autoconsumidos.
En este escenario, la Conselleria de Economía, junto a la de Hacienda, preparan medidas fiscales para aliviar a los productores y mantener el atractivo del autoconsumo.
