La Abogacía de la Generalitat ha solicitado ser la acusación particular en la causa abierta por el juzgado de Instrucción número 1 de Nules contra la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC) y varias empresarias por un fraude en las ayudas al Servef que podría superar el millón de euros, según confirmaron fuentes del Gobierno valenciano. Es prácticamente seguro que el magistrado acepte la petición del Consell porque fue el Servef la entidad que realizó la denuncia inicial ante la Fiscalía Anticorrupción.
La Abogacía de la Generalitat ejercerá de acusación para resarcir los intereses públicos y colaborará en la investigación con la fiscalía y el magistrado. De hecho, en los últimos meses ha presentado dos ampliaciones de la denuncia inicial, en la que figuraba la CEC, Cierval y varias empresarias de la Vall d´Uixó.
En la causa hay diez imputados, entre los que se encuentra el secretario general de la patronal castellonense, Rafael Montero, y el directivo José Antonio Espejo. Se investigan delitos contra la Hacienda Pública, en la modalidad de fraude de subvenciones del artículo 308 del Código Penal, y otro continuado de falsedad documental del artículo 392 en relación con el artículo 390 del Código Penal.
Durante la investigación se ha descubierto el Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castelló, una firma de la propia CEC que habría recibido fondos para formación que no han sido justificados. En este caso, más de 120.000 euros. Esta sociedad está 17 años sin presentar las cuentas, algo que desde la CEOE y la patronal valenciana consideraron un mal ejemplo para la sociedad. Montero ya ha declarado ante el juez de instrucción.
