La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, puso ayer cifras concretas al coste que la ampliación de Feria Valencia ha tenido hasta la fecha para la Generalitat. En concreto, 337,5 millones de euros, de los cuales 82,2 millones corresponden al principal de la deuda y los restantes 255, a intereses. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno valenciano, Oltra señaló que, de esas cantidades, 22 millones «nos ha tocado pagarlos ya al nuevo Consell». La mencionada cifra, sin embargo, apenas representa un tercio de lo que le costará la ampliación a la administración autonómica. Y es que el informe de la Intervención de la Generalitat que desveló sobrecostes del 86 % en las obras y cuyo contenido investiga la fiscalía, determinó que la modernización del recinto, realizada entre 2000 y 2006, supondrá para las arcas públicas un desembolso de 1.027 millones.

La Generalitat y la Feria suscribieron en su momento un convenio por el que la primera se haría cargo del pago de la deuda si la segunda no generaba ingresos suficientes. La entidad de servicios hace años que incurre en pérdidas y es del todo impensable que pueda sobrevivir si tiene que devolver el dinero.

Tal como publicó ayer este diario, el acuerdo político entre el Consell, la Feria y el Ayuntamiento de Valencia „que está a expensas de cómo resuelve Hacienda el encaje de la citada deuda en las cuentas públicas„ contempla privatizar la institución y reservar al sector público una participación minoritaria, es decir, no superar el 49 %. La Generalitat se queda la deuda y el consistorio los inmuebles y la concesión, así que se ha descartado dividir la entidad en dos empresas. Se constituirá una sola, donde el sector privado tendrá la mayoría. Además de operadores del sector que aporten negocio, se intentará que firmas autóctonas tengan una participación para que haya mayoría valenciana en la sociedad. Si no fuera posible y el o los operadores feriales tuvieran más del 50 % se introduciría alguna cláusula tipo acción de oro.

Preguntada ayer al respecto, Oltra indicó que el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ya manifestó que el modelo iba a ser «público-privado» y que «no ha habido novedad ni cambio» al respecto por parte del Consell.