El caso del presunto fraude en los fondos de formación de la Unión Europea por parte de Unión Naval de Levante, los astilleros ya cerrados del Grupo Boluda, está a punto de ir a juicio a falta de la calificación del fiscal y la Abogacía del Estado. La empresa ha aportado abundante documentación y ya están presentes en el sumario los trabajos que han realizado los peritos de la Agencia Tributaria. Según el informe de Hacienda al que ha tenido acceso Levante-EMV, el dinero cuestionado que podría haberse desviado a otros menesteres que no son los cursos de prevención laboral alcanza los 537.120 euros. La juez de instrucción ha calculado que el impacto sobre los fondos públicos podría ser de 350.000 euros.

El perito de Hacienda calcula que Unión Naval no ha aportado la documentación justificativa de cursos por valor de 85.372 euros en 2008, 261.806 euros en 2009 y 189.942 euros en 2010. En total, los 537.120 euros citados anteriormente. Para sostener estas afirmaciones, el perito realizó entrevistas entre los trabajadores que habrían recibido la formación y los docentes que la impartieron.

El informe aportado a la causa concluye que existen «cursos que los docentes niegan haber impartido cuando la documentación justificativa elaborada por el beneficiario y organizador de los cursos (Unión Naval de Levante) dice lo contrario». Además, añade el perito, existen cursos «en los que los docentes niegan haber calificado a los alumnos cuando la documentación justificativa elaborada por el beneficiario y organizador de los cursos dice lo contrario». Por último, también se han detectado unidades de formación impartidas en las que «no se ha justificado la titulación o experiencia profesional de los docentes».

El perito se queja en el informe de 46 páginas que desde Unión Naval no le han entregado «documentación de cuestiones tan importantes como concurrencia de ofertas, contratos firmados, facturas recibidas de acreedores o justificantes bancarios de cobros y pagos definitivos». Respecto a la necesidad de plantear tres ofertas para la contratación de servicios „algo obligatorio cuando se trata de subvenciones para la formación de la Unión Europea„, el perito concluye que «no ha existido realmente ni dicha concurrencia ni una memoria explicativa que lo justifique».

Así, el informe certifica que «no se acredita ni la concurrencia de ofertas ni el pago previo real, concreto y definitivo de los gastos elegibles o subvencionables», lo que «es suficiente para concluir que las subvenciones concedidas definitivamente fueron improcedentes».