Según el Observatorio de Contratación Pública, la contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de España.
El valor de las licitaciones a 9.500 millones de euros, lo que significa un aumento del 89,5% respecto al año 2014, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recogidos por Infocif-Gedesco. Este dato es de gran importancia, porque revela una recuperación en un sector, el público, que se ha convertido en esencial para muchas empresas.
Por lo que se refiere a los sectores con mayor número de licitaciones han sido los de servicios, obras y suministros y los organismos que más negocio han producido son: Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura, Alimentación, Ministerio de Medioambiente, Ministerio de Economía y Competitividad y Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Por otro lado, en cuanto a este tema, es necesario tener en consideración que, en los dos últimos años, la regulación jurídica de la materia ha sufrido numerosas modificaciones, algunas bastante importantes, con el objetivo de adaptarse a la situación de crisis económica y cumplir las exigencias del derecho europeo.
En el año 2014 se aprobaron en el ámbito de la Unión Europea tres importantes Directivas que inciden directamente en el ámbito de la contratación pública:
- La Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
- La Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública.
- La Directiva 2014/25/UE relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
Esta normativa tiene un plazo de transposición al derecho nacional que finaliza el 18 de abril de 2016 y básicamente siguen varios objetivos y principios:
- Modernización del sistema público de contratación.
- Mayor eficiencia.
- Simplificación de los procedimientos.
- Abrir la contratación a las PYMES.
-Generalización del uso de la contratación electrónica.
- Transparencia.
En el mes de agosto del año pasado, el Gobierno adoptó una serie de medidas para favorecer la participación de las PYMES en las licitaciones públicas, modificando la normativa aplicable. La reforma aprobada supuso, entre otras, las siguientes novedades: en los contratos de servicios se eliminó la necesidad de clasificación, las categorías en los servicios se redujeron, el periodo de experiencia para acreditar la solvencia se amplió de cinco a diez años.
En relación a lo anterior, no podemos olvidar que las PYMES tienen un gran potencial de creación de empleo, crecimiento e innovación y son consideradas una parte esencial de la economía de la Unión Europea.
Por lo tanto, se está produciendo un cambio de enfoque en la legislación española respecto a la contratación pública ya que se ha pasado de una situación basada en las prerrogativas de la administración, a una situación en la que prevalece la garantía de los principios generales: libre concurrencia, no discriminación y transparencia.
Por lo tanto, los contratos públicos en España, que han visto una nueva forma de negocio para sus empresas y están aprovechando poco a poco las licitaciones públicas para crecer y desarrollarse.
