13 de abril de 2016
13.04.2016
Gestión

Economía quiere recuperar la gestión del hotel de El Puig cedido sin canon

La conselleria pide a la Abogacía un informe para determinar la legalidad del contrato por el que una empresa explota la residencia de tiempo libre

13.04.2016 | 04:15
Economía quiere recuperar la gestión del hotel de El Puig cedido sin canon

La Conselleria de Economía ha pedido a la Abogacía de la Generalitat un informe acerca de la legalidad de la cesión a una empresa privada de la explotación como un hotel de la residencia pública en El Puig, una instalación en primera línea de playa, con 106 habitaciones y construido en origen para el descanso de los trabajadores. La conselleria estudia las fórmulas para revertir un contrato en el que la única contrapartida para la concesionaria es el mantenimiento de las instalaciones y en el que la Generalitat fija unas tarifas mínimas. No hay ningún canon.

Como ya contó este diario, esta instalación fue adjudicada en 1998 a la empresa Val-Hotel SL y, tras varias prórrogas, se amplió su concesión en 2009 por 25 años más (hasta 2034). La historia, en realidad, se remonta a décadas anteriores. Este tipo de residencias tiene su origen en el franquismo, cuando el Estado las cedía para disfrute de los militares y funcionarios con sueldos bajos. Con la llegada de la democracia, la administración autonómica la que se quedó con la titularidad y los sindicatos fueron los beneficiarios.

En Castelló y Alicante existía una residencia, pero en Valencia no, lo que impulsó al gobierno de Joan Lerma a construir esta Residencia de Tiempo Libre en El Puig. Ya bajo mandato del PP, el 27 de febrero de 1998 se cedió su explotación a una empresa privada.

La «única obligación» para el contratista, según el expediente remitido por Economía a la Abogacía de la Generalitat, es la realización de los «gastos de inversión destinados a la realización de obras mayores necesarias para la conservación de los edificios e instalaciones fijas». Esa cantidad se fija en 1,85 millones a ejecutar durante 25 años.

La concesionaria sí ha realizado las inversiones previstas en el calendario de actuaciones, según comprobó la conselleria en una inspección. En opinión de Economía, el «importe de las inversiones [...] no responde a un criterio objetivo, al no obrar en el expediente estudio económico alguno para la determinación del precio».

En este contexto, la conselleria pretende conocer la legalidad de esta concesión para abordar el rescate de la instalación.

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