Los acuerdos en Valencia y Alicante que han acabado con la apertura total en domingos y festivos han sido un foco de conflicto empresarial y político. En la capital del Túria, tanto Arena como Nuevo Centro han presentado recursos de alzada ante la Conselleria de Economía para frenar el pacto. En Alicante ha sido la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Anged). En ambos casos, si la Conselleria de Economía desestima estos recursos los demandantes podrían presentar ya el contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano.

Pero no sólo ha sido un tema comercial. En la propuesta de los ayuntamientos de Valencia y Alicante y el apoyo de Economía subyace una intencionalidad política. Compromís se presentó a las elecciones anunciando que acabaría con la libertad horaria. En el PSPV las posiciones son menos restrictivas, pero en l´Acord del Botànic ganaron las tesis de la coalición y Podemos.

De todas maneras, se dejó en manos de los consejos locales del comercio la decisión de delimitar las zonas de gran afluencia turística que permiten abrir los comercios en domingo. Economía ha asumido estos pactos y ha firmado la resolución. Falta la rúbrica de la secretaria autonómica, que lo tendrá más complicado porque tiene un informe de la Abogacía de la Generalitat que desaconseja su aval.

Y ahí está la disyuntiva. Firmar lo que aconsejan los informes de la Conselleria de Economía o hacer caso a la Abogacía de la Generalitat. En caso de no fiarse de los letrados del Consell, los recursos ante el TSJ de Anged y Arena tendrían un argumento más.