20 de abril de 2016
20.04.2016
Libertad horaria

Las dudas generadas por el informe de la Abogacía bloquean la aprobación del cierre en domingo

El conseller de Economía resta importancia a la tesis de los letrados de la Generalitat pero la última firma sigue paralizada

20.04.2016 | 04:15
Las dudas generadas por el informe de la Abogacía bloquean la aprobación del cierre en domingo

El conseller de Economía, Rafa Climent, y el director general de Comercio, Natxo Costa, restaron ayer importancia al informe de la Abogacía de la Generalitat que, tal como adelantó Levante-EMV, cuestiona el procedimiento seguido por la administración para modificar las zonas de gran afluencia turística. Un cambio normativo que en el caso de Alicante suprime la libertad horaria y, en Valencia, la reduce de cinco áreas a solo dos, en el centro histórico y en el entorno de Cacsa. Pese a estas declaraciones, la realidad es que desde la aparición de este documento la ratificación por parte de la secretaria autonómica, María José Mira, „a la sazón número dos del departamento y quien debe resolver los recursos de alzada„ del pacto del comercio de Alicante está paralizada. Y todo apunta a que continuará durante estos días y pese a que el plazo legal expiró el pasado 14 de abril.

«Lo único que quiero decir es que es un informe más, no es vinculante y vamos a seguir con las líneas políticas puestas en marcha», aseveró el conseller. Climent se refería así al informe pedido por su propia conselleria para armar jurídicamente la respuesta al recurso de alzada presentado por El Corte Inglés contra la supresión a la libertad horaria en Alicante. Por su parte, el director general insistió en el mismo argumento: «No era preceptivo pedir un informe y tampoco es vinculante. Es una postura diferente de la que sostienen los informes preceptivos que hemos pedido desde la Dirección General y no deja de ser una interpretación del Derecho», defendió Natxo Costa.

La Abogacía, conviene aclarar, no cuestiona la reversión de zonas ni la violación de la unidad de mercado. El informe apunta que en el caso de Alicante no está suficientemente motivada el cambio de zonas, en que excluye el área comercial de Maissonave (la calle Colón de Alicante).

Al mismo tiempo, la Abogacía valora que para realizar este procedimiento es obligatorio dar audiencia a los afectados. Tanto en Alicante como en Valencia, los ayuntamientos (que son los que tramitan esta resolución) han ejecutado esa «audiencia previa» a través de los Consejos Locales del Comercio, unos órganos creados a propósito y en los que están representados los agentes del sector.

En esta situación, la resolución del conflicto a la libertad horaria tanto en Alicante como en Valencia queda bloqueada y en el aire. La secretaria autonómica de Economía es la competente para responder a los recursos de alzada. El pasado 14 de abril se cumplieron tres meses de la resolución de Alicante, un plazo a partir del cual se asume que el silencio administrativo supone que se rechaza el recurso. Con todo, existe la obligación de responderlo. Y la situación es mucho más complicada ahora que un informe de la Abogacía de la Generalitat, aunque no sea «vinculante», dice que hay que revertir el proceso.

De hecho, la propuesta de resolución que la subsecretaría de Economía debe presentar a la secretaria autonómica para su firma debería ir acorde a lo que recomienda la Abogacía de la Generalitat. De lo contrario debería fundamentarse de una manera extrema por qué no obedece a los servicios jurídicos públicos.

Informes favorables

Habrá que ver quién le pone el cascabel a ese gato. En la Dirección General de Comercio entienden que el informe técnico del servicio de ordenación „«que sí que es preceptivo»„ avala la legalidad del proceso. Un informe que pasó mecanismos de control de la conselleria respecto a su legalidad.

Pero los servicios jurídicos de la conselleria, con el informe de la Abogacía sobre la mesa, podrían optar por no pisarse los dedos y devolver el expediente de Alicante al ayuntamiento para que vuelva a realizar el trámite de audiencia previa con los afectados.

Sería la forma de «hacerlo bien» para evitar dar argumentos a operadores afectados como El Corte Ingles o el centro comercial Arena en futuros contenciosos.

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