Se acaba el tiempo para que las empresas proveedoras de la administración puedan recuperar los intereses de demora que el sector público no les abonó cuando el Gobierno puso en marcha a principios de 2012 su plan para abonar la deuda a estas mercantiles. La presidenta de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Pilar Ferrer, aseguró a este diario que el Ejecutivo lanzó tres programas de pago a proveedores por los que destinó más de 40.000 millones y que el primero se liquidó en la primavera de 2012, motivo por el cual antes de que finalice el mes de junio se cumplen los cuatro años de prescripción existentes para reclamar el dinero.
Cuenta Ferrer que «cualquier proveedor que quisiera acogerse a los planes estaba obligado a renunciar a los intereses de demora» y añade que, «en general, todos lo hicieron porque querían cobrar el principal» en un contexto en que la acumulación de impagos tenía a innumerables mercantiles literalmente ahogadas porque además fue el tiempo de la reestructuración financiera y los bancos tenían cerrado el grifo del dinero. La presidenta de la citada plataforma de ámbito nacional, que está integrada por diferentes organizaciones empresariales de todos los sectores, incluidas algunas de la Comunitat Valenciana, asegura que desde que se liberaron los pagos «ha habido varias denuncias ante los juzgados preguntando si esa obligación de prescindir de los intereses era acorde con la normativa europea y todas las sentencias han dicho que no». Pero, además, un juzgado de Murcia, en lugar de dictaminar al respecto, decidió elevar una consulta al Tribunal Europeo de Justicia, «que tiene que pronunciarse y, cuando falle, su resolución será vinculante y generará jurisprudencia». Si es a favor, tal como esperan en la mencionada plataforma, «las administraciones deberán pagar esos intereses».
De ahí que Pilar Ferrer inste a las empresas proveedoras a que envíen una carta a sus deudores solicitando la devolución del dinero: «Tenemos en la plataforma un modelo de carta que se puede descargar de nuestra página web. Con ese sencillo trámite se logra que se interrumpa el plazo de prescripción y, así, podrán reclamar si el fallo es positivo».
Ferrer detalló que los últimos datos del Ministerio de Hacienda indican que las administraciones locales de Valencia pagan a una media de 75 días. Esta es la séptima provincia de toda España cuyos ayuntamientos más tardan en pagar de media. En el caso de la administración autonómica, el plazo se extiende hasta los 117 días. La presidenta de la plataforma asegura que el principal motivo de esa morosidad se encuentra en que en España «no ha habido tradición de pagar en modo y plazo. Siempre las grandes empresas han considerado esta fórmula como un medio de financiación. Además, el gran problema es que la legislación que tenemos no es homogénea, sino que tiene muchas fisuras que permiten a las empresas escaparse de la ley. Asimismo no contamos con un régimen sancionador. Con la administración sucede lo mismo, si bien, recientemente, ha mejorado los plazos de pago porque ha tomado una serie de medidas con las que ha conseguido controlar a los ayuntamientos y autonomías para recortar los plazos».
