Feria Valencia ya tiene hoja de ruta para su futuro. Las tres partes que han negociado el acuerdo „Generalitat, Ayuntamiento de Valencia y la institución ferial„ han pactado un diseño de la estructura de la entidad que hoy será aprobado por el patronato. Tal como publicó este diario el pasado 8 de abril, el futuro de Feria Valencia pasa por la creación de una nueva empresa en la que las administraciones públicas dispondrán de la minoría del capital „se baraja un 40 %„ mientras que la mayoría „es decir, el otro 60 %„ corresponderá a operadores del sector. Los porcentajes iniciales podrían sufrir alguna pequeña variación en función de cómo se desarrolle el diálogo competitivo que en breve iniciará Feria Valencia para cerrar un acuerdo con esos operadores.

Inicialmente se planteó crear dos empresas. Una sería de carácter público y acapararía la enorme deuda por las obras de ampliación, los inmuebles y la concesión. La otra se regiría por el derecho privado y sería la gestora del negocio. Al final es una opción que se ha descartado una vez asumido que la administración autonómica se hace cargo de la desorbitada deuda: en torno a los 1.027 millones, según la Intervención. Así que lo que hoy aprueba el patronato es crear una sola firma, donde la administración autonómica y la municipal se reservan la minoría para que la nueva empresa esté fuera del ámbito público y no tenga que sufrir sus trabas burocráticas, especialmente a la hora de formalizar contratos con proveedores, que requieren mucha agilidad.

Si no se producen cambios de última hora en los porcentajes, la idea es que ese 40 % de participación pública se reparta de la siguiente forma: un 30 % recaería en la Generalitat y el 10 % restante, en el ayuntamiento de Valencia, que podría aportar como capital para el nacimiento de la nueva empresa el valor de los inmuebles y de la concesión para ejercer el negocio ferial en las instalaciones de Benimàmet. La posibilidad de que entren empresas autóctonas para garantizar que, junto a la parte pública, haya una mayoría de capital valenciano, parece descartada, lo que abre la vía a que las administraciones se reserven algún tipo de cláusula que les permita ejercer el veto sobre cuestiones estratégicas de la nueva entidad.