La Generalitat aprobará un decreto-ley por el que asumirá la descomunal deuda generada por las obras de ampliación de la feria, pero el mismo texto legal «recogerá la exigencia de reclamar responsabilidades a los causantes del quebranto en la entidad, con el fin de que devuelvan los fondos dilapidados», según la nota facilitada ayer en la rueda de prensa posterior al patronato. Preguntado sobre quiénes serán las personas a las que se reclame el dinero, el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, recordó que el asunto de los sobrecostes está «subiudice» porque lo investiga la fiscalía y no quiso hacer mención alguna a persona concreta, pero advirtió que el acuerdo sobre el futuro ferial «no es una ley de punto final» y añadió que los responsables «no se saldrán de rositas».
Tanto al alcalde de Valencia y presidente del patronato ferial, Joan Ribó, como a los consellers de Hacienda, Vicent Soler, y Economía Sostenible, Rafael Climent, se les pidió una valoración de la investigación por parte de la UDEF del patrimonio del expresidente de la institución Alberto Catalá, concretamente, tal como publicó ayer este diario, propiedades en la provincia de Teruel, cerca de las estaciones de esquí de Valdelinares. Ribó recordó que «hay tantas investigaciones en esta ciudad y este país» que resulta «reiterativo» tener que condenar cómo se gestionó el sector público en el pasado reciente. Soler lamentó «la hipoteca reputacional» que padece la autonomía por estos casos y Climent instó a la fiscalía a que haga su trabajo, antes de afirmar que «habríamos querido que no hubiera tantos pufos».
