Los empresarios valencianos plantearon ayer su hoja de ruta fiscal a la Generalitat, que pasa por una menor presión impositiva en la autonomía con el propósito de fomentar el desarrollo económico. La supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, facilitar la residencia fiscal en la Comunitat Valenciana y no penalizar la sucesión en las empresas familiares son algunas de las principales iniciativas contenidas en el informe de «Propuestas fiscales para el ajuste, desarrollo y crecimiento económico de la Comunitat Valenciana», un documento aprobado ayer tarde por la junta directiva de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y que ha elaborado su comisión fiscal.

El texto, cuyo objetivo es «aligerar la factura fiscal de los agentes económicos llamados a generar actividad económica, riqueza y empleo» y «equiparar la carga tributaria a la vigente en otros enclaves económicos de nuestro país, eliminando con ello los costes de pérdida de competitividad», se centra en tres figuras tributarias que están transferidas a la Generalitat y, por tanto, sobre las que esta puede actuar para lograr «más recaudación con menos presión fiscal». La primera es el Impuesto sobre el Patrimonio, respecto del cual la CEV defiende la bonificación del 100 % de la cuota, tal como hace la Comunidad de Madrid. Esta tasa supuso a la Generalitat en 2013 unos ingresos de 612 millones. Están exentos los patrimonios hasta 600.000 euros „un millón para los discapacitados„ y se paga todos los años entre un 0,25 % y un 3,12%.

La patronal aboga por una bonificación total que equivale a suprimir esta tasa. En supuesto de que la Generalitat no hiciera caso, la CEV pide una «mejora clara del impuesto que deben pagar los contribuyentes con patrimonios medios, dado que estos „entre 1,5 y 6 millones de euros„ aportan el 54 % del total de ingresos por esta vía, mientras que los que superan los 30 millones solo representan el 10 %. Asimismo, la organización que preside Salvador Navarro, defiende una «reducción o exención» en el impuesto para aquellos residentes en territorio no español que cambien su residencia fiscal a la Comunitat Valenciana, «consistente en dejar exento el valor de su patrimonio situado fuera» de España. Por último, exige que este impuesto grave el aumento de la riqueza anual, «en vez de gravar, año tras año, todo el patrimonio acumulado durante la vida del contribuyente».

Respecto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la CEV propone que la administración «presuma que los precios acordados en la compraventa de una vivienda son de mercado», acepte el que fija la escritura y no haga una tasación paralela porque cree que ese precio no es real y que detrás de la operación se esconde dinero negro. Asimismo, pide un tipo reducido o exento en la compra de inmuebles para su reventa, con lo que se propiciaría la reducción de stock, y otro tipo reducido para «viviendas que vayan a constituir residencia habitual o incluso vacacional para no residentes».