La patronal valenciana CEV y los sindicatos hacían piña ayer en un visita a la fábrica de Lafarge para exigir al Consell que «resuelva con urgencia el expediente» de ampliación de la cantera Salt de Llop de Sagunt. Conflicto que está en manos de la conselleria de Medio Ambiente, que debe dar respuesta a la petición de ocupación de monte público que ha hecho la multinacional para poder seguir excavando dentro del perímetro autorizado. El presidente de la Confederación Valenciana de Empresarios (CEV), Salvador Navarro, afirmó que «esta inseguridad jurídica» puede poner en peligro inversiones en la zona. «Esta situación no solo afecta a la comarca, la imagen de inseguridad jurídica puede trasladarse al exterior y afectar a futuras inversiones», alertó.

A la cita con la dirección de Lafarge acudieron también los secretarios generales de CC OO, Paco Molina, y UGT, Ismael Sáez, así como sus homónimos a nivel comarcal; Begoña Cortijo (CC OO) y Pilar Tarragón (UGT) y la presidenta de la Asociación de Empresarios de El Camp de Morvedre (Asecam), Cristina Plumed.

Los sindicatos anunciaron junto al comité de empresa una reunión con Rafael Climent, conseller de Economía Sostenible, la próxima semana, pero además «vamos a exigir un pronunciamiento claro de la conselleria de Medio Ambiente; es intolerable que empresa y trabajadores estén sometidos a estas situación. Con los trámites administrativos no se puede jugar», afirmó Molina.

El sindicalista de CC OO aseguró que el conflicto está en el peor de los escenarios, «la incertidumbre», por lo que solicitó la ejecución del convenio entre empresa y ayuntamiento, puesto que «los convenios están para cumplirse». Desde UGT, Sáez afirmó sentirse «sorprendido» ante lo que está sucediendo, no encontrando «ninguna causa que justifique una actuación de este calibre», en referencia a la posición del ayuntamiento y de la conselleria, a los que acusó de demorar la resolución del expediente sin justificación alguna, una situación que calificaba de «cortina de humo».