La Autoridad Portuaria de Valencia ha realizado una importante remodelación del segundo escalón directivo en el organigrama de la entidad que gestiona los emplazamientos marítimos de Valencia, Sagunt y Gandia presidida por el economista Aurelio Martínez. Tras el desembarco de Francesc Sánchez como director general, recuperado por Martínez tras su «emigración» al puerto de Tarragona al no contar con la confianza del expresidente de la APV Rafael Aznar, los principales ejecutivos del recinto del Grao han dado el visto bueno al nombramiento de Jorge Gisbert como nuevo director de Infraestructuras de la APV.

Gisbert, exdirectivo de la constructora Cyes, de la Fundación Valenciaport y del consorcio Valencia 2007, asume esta reponsabilidad tras la pérdida de competencias de Marcelo Burgos, un histórico ejecutivo de la APV que fue máximo responsable de planificación, obras y mantenimiento, y se mantiene en el equipo directivo del puerto aunque con menos responsabilidades. Burgos quedará como jefe del área de Proyectos, Obras y Conservación de obra civil , dependiente del director de Infraestructuras

Federico Torres, director de Seguridad y Medio Ambiente, abarcará entre sus competencias una mayor cuota de poder al aglutinar mantenimiento de instalaciones y edificios portuarios.

Por otro lado, Elena Oliver será la nueva responsable de la plataforma de comercio electrónico Port Community System (PCS.net). Xavier Mulet ocupará la dirección de Gestión Documental, Calidad y Procedimientos. Los cambios citados serán efectivos a partir del 1 de junio y ya cuentan con el visto bueno de la presidencia de la APV, cuyas competencias permiten realizar los cambios que serán anunciados a los representantes del consejo de administración durante la reunión del próximo mes de junio. La remodelación del equipo directivo de Martínez y Sánchez también afecta al veterano Manuel Guerra, quien se queda como director de Planificación y del área comercial, si bien deja infraestructuras.

En el aire queda el futuro de la plantilla de VPI Logística, donde forman parte una decena de trabajadores. La sociedad gestora de la zona de actividades logísticas está todavía pendiente de cerrar un acuerdo con el ayuntamiento de Valencia que permita el asentamiento de empresas en este recinto tras una década urbanizado aunque sin poderse comercializar entre empresas del sector.