El Banco Popular ha sorprendido esta semana con el anuncio de una ampliación de capital de 2.505 millones de euros que ha provocado su desplome en los mercados bursátiles pero que los analistas valoran muy positivamente porque implica admitir que la entidad tiene un problema, relacionado con un exceso de activos inmobiliarios que además están insuficientemente provisionados, pero que va a poner toda la carne en el asador para hacerle frente y reforzar su balance y su solvencia. El catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València, Joaquín Maudos, considera un «acierto» la operación por la «transparencia» que supone: «Reconozco un problema y pongo la solución».
32.000 millones en activos
El Popular es la entidad, entre los cinco grandes, con una mayor exposición al ladrillo, tanto en crédito como en inmuebles adjudicados. En total, 32.024 millones de euros, una cifra que equivale al 26 % de todos sus activos. Como explica Maudos, «la clave está en que solo tiene provisionado el 38 %, frente a una media del 50 % en el sector». Podríamos estar hablando de entre 5.000 y 6.000 millones. «Como necesita recursos propios, acude a lo que en realidad es una macroampliación brutal, dado que equivale al 50 % del capital que tenía», añade el también director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
A este respecto, Pascual Santosjuanes, director de GVC Gaesco Valores en la Comunitat Valenciana, considera «llamativo» ese 50 % porque despierta dudas sobre si la toxicidad en el balance del banco es mayor, pero considera un «acierto» la decisión, porque la «banca tiene que tender a recapitalizarse» en un contexto general de serias dificultades para lograr rentabilidad por los bajos tipos y de carteras inmobiliarias aún demasiados llenas. Santosjuanes recordó que el volumen de la operación es similar al que el Popular lanzó en diciembre de 2012, en plena tormenta financiera, y apuntó que otros grandes, como el Santander, «lo hacen regularmente, aunque mediante la fórmula de no pagar dividendos sino acciones».
El director de Renta 4 en Valencia, Juan Espinós, cree que la medida «busca reforzar el balance y los niveles de solvencia y cubrirse ante posibles incertidumbres regulatorias», es decir, que la autoridad financiera incremente las exigencias de capital en vista de la delicada situación del sector. En su opinión, la decisión añadida de reducir hasta 2018 en 15.000 millones los activos inmobiliarios, junto a la mejora en las coberturas, «aportará visibilidad de equilibrio en el balance y despejará dudas en los mercados».
Otro 8 % de caída
El anuncio provocó el jueves una caída en Bolsa del 26 % ese día y del 8 % ayer. El desplome se debe a que, «tal como está el patio, para colocar la operación tienes que ir con precios bajos», asegura Maudos. El precio que se ha fijado es de 1,25 euros, casi la mitad de lo que cotizaba el banco, y eso ha provocado que los accionistas vendan y se aseguren, con el derecho preferente de suscripción, tener dos títulos en lugar de uno por el mismo valor. Y es que, como apunta Santosjuanes, lo normal es que los precios, tras la ampliación, converjan hacia el 1,25 de la operación. Es por ello por lo que este analista, al igual que Espinós, aconsejan a los posibles inversores que no compren acciones ahora y se esperen a que se ponga en marcha la ampliación de capital, dado que, si el valor de los títulos sigue bajando hasta llegar a 1,25, perderían dinero.
