El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la patronal nacional que aglutina a los operadores privados de agrios, califica de «desproporcionadas» las multas de hasta dos millones de euros propuestas por la Dirección General de Trabajo de la Generalitat «por las supuestas irregularidades cometidas en la campaña de recolección de cítricos», según informó ayer la entidad en un comunicado. Tal como publicó este diario, el Consell ha impuesto multas a 19 ETT (empresas de trabajo temporal) y almacenes por contratar a 10.000 jornaleros pagándoles la mitad del sueldo. Al mismo tiempo, el CGC lamentó que el Consell haga un «uso político» de la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo, «que ha trasladado una idea distorsionada del sector cuando en el fondo lo que subyace en los expedientes es una diferencia en la interpretación de los sistemas retributivos a aplicar».
Así, según el Comité, «los inspectores dicen tener indicios para considerar que se tenía que haber pagado 'a destajo' (por kilos) y las empresas estiman que debía hacerse a jornal», que es la fórmula que el propio convenio, «atendiendo a las circunstancias tasadas, considera en la práctica como preferente o más habitual».
