El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, lamenta que el retraso en la negociación del convenio de los estibadores del recinto del Grao (cuya plantilla fija, a través de Sevasa-Sagep, supera los 1.300 trabajadores y su último acuerdo data de 1996) afecte de manera directa a la evolución del trafico de mercancías, sobre todo a los transbordos, cuya actividad ha caído en un 7 % en estos últimos años.
Martínez participó ayer en una jornada de la Cadena Ser junto con el alcalde Joan Ribó y advirtió de que el movimientos global de mercancías está influenciado por la inseguridad que generan los elevados costes, la falta de flexibilidad laboral y un acuerdo que satisfaga a las empresas y personal portuario en las terminales del emplazamiento marítimo. Martínez destacó que el puerto de Valencia llevad mucho tiempo convirtiéndose en banco de pruebas para el sector de la estiba de España, pendiente todavía de cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), donde se exige garantizar la libre contratación de estibadores y poner fin al monopolio de la sociedades que gestionan la carga y descarga de mercancías.
Negociaciones estancadas
Las empresas de estiba y los sindicatos, retiradas las amenazas de movilizaciones, reanudaron las negociaciones el pasado mes de abril. Los representantes de la patronal y de los trabajadores, que lidera la central Coordinadora de Trabajadores del Mar, deben solucionar la gestión de la bolsa de trabajo de empleados eventuales, el ingreso de 160 nuevos fijos, así como las coberturas de jornadas durante el período de vacaciones estivales. Los dirigentes de los empleados exigen adelantar la incorporación del personal indefinido. Además, reclamaron la rescisión del contrato de la ETT Randstad, que gestiona la bolsa de operarios temporales del puerto de Valencia.
Para atender el incremento de actividad en los muelles marítimos, sobre todo de contenedores, los trabajadores del recinto del Grao consideran necesario incrementar el censo de personal de Sevasa-Sagep por los posibles incrementos de tráfico en un puerto que se mantiene como líder del Mediterráneo.
Posibles sanciones
Si finalmente se inicia el procedimiento de ejecución de la citada sentencia de la UE (dictada en diciembre de 2014 y sigue sin cumplirse), España puede enfrentarse a la imposición de una suma a tanto alzado o a una multa coercitiva al Estado. Los baremos, según un informe de Naucher, en los que estima que se podría calcular una hipotética sanción van desde los 220 diarios en el caso de la suma a tanto alzado (6.691,6 euros mensuales u 80.300 al año), a los 660 euros diarios si se opta por una multa coercitiva (20.075 euros mensuales o 240.900 euros al año), por lo que no parece un escenario alentador para el conjunto de Puerto de Estado (Ministerio de Fomento).
