El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, reclamó ayer públicamente la disolución de Coepa, que actualmente se encuentra en concurso de acreedores, y defendió la puesta en marcha de una nueva patronal, tal y como exigen los sectores críticos del empresariado alicantino. Una toma de posición que no sentó nada bien a los actuales responsables de la organización, que calificaron la petición de «coacción intolerable» y recordaron al primer edil que sus competencias son exclusivamente municipales y que «no movió un dedo» cuando pudo salvar a la confederación hace unos meses, si hubiera aceptado quedarse con el centro de oficios de la patronal.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por la SER, en el que realizó un balance de su primer año al frente del gobierno municipal, Echávarri aprovechó para analizar la situación que atraviesan las principales organizaciones empresariales de Alicante. Así, tras reconocer y alabar el trabajo de los hoteleros para promocionar la ciudad como destino turístico, lamentó que la unión que muestra este sector no se pueda trasladar a «otros ámbitos empresariales, donde las luchas intestinas y las obcecaciones personales» han llevado a la patronal «a la más absoluta inoperancia e irrelevancia».

Tras afirmar que lleva «meses» reclamando una patronal «fuerte, unida, sin vencedores ni vencidos» y que sólo responda a la defensa de los intereses de la provincia de Alicante, señaló que quería ir «un paso más allá». «Públicamente insto a la administración concursal de Coepa a que abra su proceso de liquidación, a la vez que me ofrezco al sector empresarial de la provincia para ayudar a constituir una nueva patronal», espetó a los asistentes, antes de continuar con su repaso a otros temas de interés municipal.

Aunque no estuvo presente en el acto, la reclamación del primer edil no tardó en llegar hasta los oídos del presidente en funciones de Coepa, Francisco Gómez, que, visiblemente molestó, no dudó en replicar con dureza al primer edil alicantino. «Nos parece una presión y una coacción al administrador concursal intolerable», sentenció.