Las empresas que realizaron cursos de formación de la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC) se convirtieron en un cajero automático cuyos usuarios están todavía por determinar por la Justicia. Según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, en el año 2011 se retiraron unos 200.000 euros de la cuenta corriente de la empresa Consultorio Estudio AGP, que recibió miles de euros de la patronal castellonense para cursos de formación y que ahora investiga el juzgado de Nules.
Según ha confirmado este periódico, se retiraron de la firma de Álvaro García Osorio, imputado en la causa, 10.000 euros el 10 de febrero de 2011, 63.500 el 17 de febrero, 20.500 el 16 de junio y 99.000 el 9 de febrero de ese año. Ese dinero, según las mismas fuentes se extrajo en metálico a través de cheques.
Esta actuación y el año coinciden con la que se realizó sobre la empresa de vinculada a la patronal de Castelló Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castelló, de la que es consejero delegado el secretario general de la CEC, Rafael Montero, y que preside José Roca, a la sazón presidente de la patronal castellonense. Es este caso se realizaron 25 reintegros en 2011 por valor de medio millón de euros.
El juez instructor ya investiga estos movimientos bancarios que tienen poco que ver con la formación en seguridad laboral o empleo para personas en paro.
El inicio de la denuncia
Álvaro García Osorio es la persona sobre la que se inició la investigación inicial de este presunto fraude. En una inspección rutinaria de la Agencia Tributaria en Andalucía, los técnicos localizaron impagos en una de sus empresas. Al tirar del hilo, los investigadores acabaron en las empresas que trabajaron para la CEC.
En la inspección de la Agencia Tributaria, el propietario de Consultoría y Estudios AGP confesó que no había realizado los cursos de formación que cobró a la CEC y que a su vez Cierval cobró de la Generalitat. Las pesquisas derivaron en otra empresa, Centro de Oficios RM, que también está siendo rastreada por el juez.
Otros investigados también han asegurado que cobraron por cursos no realizados. En total, más de 650.000 euros de cursos cuestionados. Además del medio millón extraído de la empresa de formación controlada por la patronal de Castelló.
