Una empresa de la familia de la directora general de Internacionalización, Mónica Cucarella, se encuentra en pleno litigio con sus propios compañeros del Consell. La Conselleria de Medio Ambiente liderada por el ala ecologista de Compromís ha llevado a la Fiscalía a la mercantil La Industrial Constructora SL, titular de una gasolinera en el centro de Alzira, por rechazar los requerimientos para descontaminar el suelo de esta gasolinera, cerrada desde hace un año, aproximadamente. La mercantil es propiedad de la familia Cucarella y la alto cargo de la Conselleria de Economía figura como apoderada en el registro mercantil desde 2005.
El asunto colea desde hace muchos años, como viene contando este diario. La empresa y el ayuntamiento, primero con el PP y desde mayo pasado de Compromís-PSPV, mantienen desde hace más de una década un conflicto que ha acabado en los tribunales.
La empresa culpa al consistorio de un primer cierre hace una década, motivado por unas fugas de combustible; ahora es la administración la que presiona por la vía judicial para que la empresa acometa la descontaminación.
La Conselleria de Medio Ambiente, todavía en tiempos del PP, decidió acudir a la Fiscalía tras los reiterados incumplimientos de la empresa para descontaminar el suelo. Sin embargo, no fue la Generalitat del PP sino ya la Conselleria de Medio Ambiente de Compromís la que trasladó al ministerio público ese expediente, según explicaron fuentes municipales.
El ministerio público, a su vez, entiende que hay desobediencia de la empresa y ha trasladado el asunto al juzgado de instrucción de Alzira.
El problema, atascado en procedimientos administrativos y ahora judicializado, sigue en cualquier caso pendiente de una solución. Los vecinos están presionando al Ayuntamiento de Alzira para dar una solución a este situación: un suelo contaminado en el pleno centro urbano.
En este contexto, el consistorio que dirige Diego Gómez ha pedido a la conselleria que de forma subsidiaria se encargue de la descontaminación de la gasolinera, a través del Plan de Sellado de Vertederos y Espacios Degradados que está tramitando en estos momentos. Medio Ambiente estudiará en las próximas semanas si lo incluye o no. Además, aún no está clara la fórmula de financiación de estos trabajos.
Su intención, en caso de ocuparse de este problema de «salud pública», es que la familia Cucarella termine costeando el gasto. Se le requerirá incluso por vía judicial, como se haría en cualquier otro caso, apuntan desde la conselleria. Habría que ver si lo consigue, ya que la gasolinera está cerrada de forma definitiva desde hace un año.
Sin valoración oficial
En estos momentos, el plan de Medio Ambiente para recuperar espacios degradados se encuentra en pleno proceso de recepción de propuestas. Ya hay más de una treintena y se esperan más. Se trata por lo general de espacios gestionados por entidades públicas, aunque hay alguno privado, como el vertedero La Murada, en Orihuela, y perteneciente a una empresa vinculada al caso Brugal.
Preguntada por este periódico en varias ocasiones, la Conselleria de Economía no quiso valorar este asunto que circunscribe a una cuestión familiar de la directora general.
