La gasolinera ubicada en el centro de Alzira que pertenece a la familia de la directora general de Internacionalización de la Conselleria de Economía, Mónica Cucarella, fue la primera instalación valenciana en ser declarada como suelo contaminado por parte de la Generalitat. Y fue hace casi una década, un tiempo en el que ni los propietarios ni la administración han acometido las tareas de descontaminación que imponía la legislación.

El asunto, ciertamente, viene de lejos. Los problemas de contaminación vinculados a esta instalación, de la mercantil La Industrial Constructora, han acompañado a los gobiernos locales, a la dirección general de Medio Ambiente, y a los vecinos de la Avenida Luis Suñer de Alzira desde hace 15 años. En 2002 el ayuntamiento decretó un primer cierre por fugas de combustible. Desde entonces, un reguero de pleitos, sentencias, requerimientos y denuncias cruzadas han mantenido vivo un conflicto eterno.

El asunto se ha recrudecido con el cambio de gobierno, tanto en Alzira como el Consell, donde la izquierda sustituyó al PP en mayo de 2015. La Conselleria de Medio Ambiente, de Compromís, llevó hace unos meses al fiscal esta gasolinera, que está cerrada desde hace un año y que según el registro mercantil tiene a la propia alto cargo de Economía como apoderada desde 2005.

La administración autonómica tomó esta decisión tras los reiterados incumplimientos de la empresa para descontaminar el suelo. El fiscal, de hecho, entiende que hay desobediencia de la empresa por lo que ha trasladado al juzgado de instrucción de Alzira esta situación.

La Conselleria de Medio Ambiente, en cualquier caso, sí parece resuelta ahora a abordar la descontaminación de la zona. El Ayuntamiento de Alzira ha pedido al departamento que dirige Elena Cebrián incluir la limpieza de este suelo en el Plan de Sellado de Vertederos y Espacios Degradados, con el fin que la administración autonómica se responsabilice de este problema de «salud pública».

El Consell limpiará la zona

La conselleria reconoció que estudiará la situación y en caso de asumir la descontaminación del suelo repercutirá el gasto a la mercantil. Si es necesario por la vía judicial. En todo caso, dicho plan se encuentra todavía en fase de recepción de propuestas. Ya han llegado una treintena y se esperan algunas más, la mayoría de ellas vinculadas a entidades públicas.