03 de julio de 2016
03.07.2016

Las nuevas exigencias para el registro de inmuebles amenazan con bloquear cientos de operaciones

El desfase del Catastro provoca que los nuevos planos que la ley obliga a incluir en las ventas de suelo o la inscripción de pisos de obra nueva no concuerden con los datos de la administración y deba iniciarse un proceso para regularizarlo - Los aparejadores alertan de que se puede truncar la recuperación del sector

03.07.2016 | 01:26
Las nuevas exigencias para el registro de inmuebles amenazan con bloquear cientos de operaciones

Por si no tuvieran bastante con las nuevas dudas que ha sembrado el «Brexit», el sector de la construcción se enfrenta ahora a una nueva amenaza. Los cambios introducidos a finales del año pasado en el proceso para registrar inmuebles amenazan con bloquear durante años cientos de operaciones, debido a la nueva exigencia de incluir en el expediente planos georreferenciados de las parcelas y el desfase que acumula la información contenida en el catastro, con la que deben coincidir. Así lo advierten desde del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante, que temen que este nuevo problema acabe por truncar la incipiente recuperación del sector inmobiliario en la C. Valenciana.

De hecho, según afirma su presidente, Gregorio Alemañ, desde que el pasado mes de noviembre entrara en vigor esta modificación normativa –se incluyó en la reforma de la Ley Hipotecaria- ya son numerosos los casos que se han producido, muchos de ellos relacionados con promociones que se pararon durante la crisis y que ahora se habían retomado, en las que el empresario se encuentra que no puede inscribir la declaración de obra nueva. Es decir, el documento en el que se hace constar que se ha construido un edificio sobre una parcela y se establecen los pisos en los que se divide para su venta. Pero las complicaciones también afectan a los propietarios que quieren vender algún terreno o los promotores que quiere segregar o unificar parcelas para iniciar cualquier desarrollo. En definitiva, a todas aquellas operaciones que impliquen un cambio de titularidad o modificación que afecte al suelo.

El problema es que, hasta ahora, para inscribir una de estas operaciones en el Registro bastaba con una descripción de la finca, sin necesidad de incorporar ningún plano. Se comprobaba que el terreno coincidía con la referencia catastral y se permitían diferencias de hasta un 20% en las superficies. De esta forma, lo que se inscribía en el Registro, la información contenida en el catastro y la realidad casi nunca coincidían, algo que creaba una importante inseguridad jurídica.

Para remediarlo y también para adaptarse a la directiva europea –que sí exige esa concordancia– se aprobó la citada modificación de la Ley Hipotecaria, que ahora obliga a incluir un plano georreferenciado con coordenadas GPS y realizado por un técnico en todas las inscripciones que afecten al suelo (no influye en las compraventas de pisos usados). Cuando se presenta ese plano en el Registro, éste tiene la obligación de remitirlo al Catastro, que lo compara con su base de datos. Si coincide o la desviación no supera el 5%, en el caso de un terreno urbano, o el 10%, en los suelos rústicos, se emite un certificado de concordancia. Todo es legal.

Las complicaciones aparecen cuando el plano de la parcela real no se corresponde con la exactitud requerida a lo que consta en el Catastro, algo bastante habitual ante el desfase que acumula la información de este organismo en muchas zonas. Entonces el notario que tramita el expediente debe comunicar a los afectados que los límites de sus parcelas no coinciden con los datos que tiene la administración y les ofrece un plazo de 20 días para oponerse al registro de la operación. Si lo hacen, entonces debe iniciarse un proceso de deslinde, en el que el propietario que quiere inmatricular el inmueble debe ponerse de acuerdo con el resto de vecinos sobre los límites de sus terrenos.

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