Un exhaustivo informe de la Guardia Civil remitido al juzgado que investiga el caso Rato destapa la existencia de "abrumadoras pruebas" que acreditan que el exvicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar cometió delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares en sus numerosos negocios privados, según informa hoy la Cadena Ser.

El informe de la Guardia Civil es el último incorporado al sumario del caso y se basa en numerosos documentos oficiales, informes de la Agencia Tributaria y correos electrónicos de Rodrigo Rato hasta ahora desconocidos, que fueron incautados en los registros hechos hace más de un año en el domicilio y el despacho del exvicepresidente económico.

Las conclusiones de la Guardia Civil tienen que ver con las gestiones que Rato hizo a través de sus empresas o de sus familiares para beneficiarlas en relación con el crédito que Bankia concedió al Valencia Club de Fútbol -como ya informó Levante-EMV-, a la ocultación de sus intereses en el banco de inversiones Lazard cuando presidió Bankia y favoreció con contratos millonarios a esta entidad o sus trabajos de asesoría a Telefónica, con los que defraudó a Hacienda cientos de miles de euros.

En el caso del Valencia CF, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Rodrigo Rato utilizó a Bankia para introducir a una empresa de su trama en una operación con el club. En las conclusiones del informe se detalla "con correos electrónicos" cómo Rato estuvo informado de forma directa de las características de la operación mientras era presidente de Bankia y que, incluso después de abandonar la entidad, le siguen reportando sobre los avances y los avatares de la misma.

Según la Guardia Civil, Rodrigo Rato introdujo a Aedifica Grupo en la operación del campo del Valencia por los intereses económicos que el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional tenía en el grupo, a pesar de la delicada situación financiera de la sociedad. La UCO recoge el testimonio del director corporativo de Auditoría Interna de Bankia, en el que manifestaba que "lo llamativo de la operación era la intervención de un grupo constructor de poca solvencia y que mantenía importantes deudas con la entidad y que a pesar de ello la operación fue realizada".

La UCO, según la Cadena Ser, dictamina que la conducta de Rodrigo Rato podría ser constitutiva de un presunto delito de administración desleal. La participación en estas sociedades fue ocultada a Caja Madrid/BFA/Bankia y nunca fue expuesta en la declaración de intereses que Rato realizó cuando ocupó la presidencia de la entidad bancaria. Según la Guardia Civil, "Rato pudo incurrir en una deslealtad frente a la entidad que presidía porque ocultó a Bankia sus intereses personales en la operación" y porque "a pesar de su participación en varias sociedades del grupo y, aún más, en la que iba a ser utilizada para constituir Newcoval y recibir un crédito de 15 millones de euros, no se abstuvo".

A pesar de que el expresidente de Bankia facilitó que la entiedad concediese un crédito de casi 350 millones de euros para financiar al Valencia, la operación se frustró coincidiendo con la salida de Rodrigo Rato de la presidencia de Bankia en mayo del 2012 y "porque el nuevo equipo directivo paralizó la operación por considerarla sospechosa".

Se puede concluir, dice la UCO, que todo apunta a que "Rodrigo Rato introdujo a Aedifica Grupo en la operación buscando un interés propio, que hubiera supuesto importantes beneficios que hubiesen repercutido en su patrimonio personal, aun no siendo Aedifica Grupo el socio más recomendable para llevar a cabo tal operación. Que este proceder ha ocasionado pérdidas presentes para la sociedad, que podían haber sido mayores de no existir la intervención del nuevo equipo directivo, así como otras que pueden llegar a través del proceso derivado de la demanda interpuesta. En consecuencia, por todo lo anteriormente relatado, dicha conducta podría ser constitutiva de un presunto delito de administración desleal".

En el caso del banco de inversiones Lazard, la UCO acusa al exvicepresidente económico de la comisión de un delito de corrupción en los negocios (anteriormente corrupción entre los particulares) porque, cuando Rodrigo Rato presidía Bankia, "materializó la contratación de Lazard, recibiendo como contraprestación distintas cantidades pactadas con anterioridad y accediendo a una excepcional financiación de 2,2 millones de dólares".

La UCO habla también de un delito de blanqueo de capitales asociado al préstamo de 2,2 millones de dólares en el que "se habrían utilizado entramados financieros para encubrir su origen ílicito". La Guardia Civil añade que el delito de blanqueo de capitales se da "en todas aquellas percepciones ingresadas después de enero del 2010, porque los activos que recibe serían dotados de apariencia legal mediante los distintos contratos entre Lazard y el propio Rato".