El Consell está preparando beneficios fiscales para las empresas que sean declaradas «socialmente responsables». Esta figura, la de «empresa valencianas socialmente responsables», viene recogida en el primer borrador de la ley para el fomento de la Responsabilidad Social, que la Conselleria de Transparencia está preparando en estos momentos.
«Estudiaremos incentivos fiscales en relación a los tributos propios, pero aún no tenemos catalogados qué beneficios fiscales puede haber», avanza la secretaria autonómica de Transparencia, Zulima Pérez, en una entrevista concedida a Levante-EMV.
Para obtener esta cualificación, las empresas tendrán que adoptar valores «contrastables y reseñables» como: códigos de buenas prácticas que recojan el compromiso de la entidad con el gobierno corporativo; aspectos sociolaborales en la garantía de seguridad, salubridad o acciones de formación y renovación profesional, entre otros. Y aspectos medioambientales en materia de protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.
Según recoge este primer borrador de la ley, que Transparencia quiere desarrollar de la mano de patronales y sindicatos, las empresas que quieran este «sello» pasarán un proceso de verificación independiente mediante un informe de revisión redactado por un tercero. Será la Conselleria de Economía la que califique las «empresas valencianas socialmente responsables» y concederá un sello distintivo que podrán utilizar como acreditación en todas sus relaciones.
Junto con los beneficios fiscales, el texto contempla otras prerrogativas para las empresas que desarrollen la responsabilidad social: «En materia de contratación pública, en caso de empate, tendrán preferencia en la adjudicación las empresas que tenga la cualificación», reza la ley.
Igualmente, en cuanto a la la concesión de ayudas y subvenciones, «las bases establecerán como criterios de ponderación en su concesión» la calificación de empresa responsable.
La Conselleria de Transparencia está desarrollando iniciativas como la elaboración de guías de cláusulas sociales para que la adjudicación de contratos no solo esté condicionada por criterios económicos sino sociales, tales como la integración de mujeres o personas con discapacidad.
