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El presunto fraude de la CEC copa el 62 % de la ayuda de formación del Consell

El Servef descubrió hace dos años 600.000 euros en facturas no justificadas y la causa judicial ha detectado un supuesto desfalco de 1,8 millones - El juez cree que Montero y otro directivo de la patronal se concertaron con cuatro empresarios para beneficiarse

Rafael Montero, el jueves en la sede de la CEC. carme ripollés

El presunto fraude de los cursos de formación de la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC) que expone el juez de instrucción número cinco de Nules en su auto judicial ha sorprendido a la patronal por la magnitud de las irregularidades que se barajan. El Consell había retenido hasta el momento 600.000 euros de los cursos programados en 2009 y 2010 por supuestas irregularidades, y la investigación judicial ha ampliado la cifra hasta los 1,8 millones de euros.

Esta cuantía representa el 62 % de los fondos públicos (2,9 millones) que la Cierval concedió a la CEC procedentes de la Generalitat para llevar a cabo cursos de formación en 2009 y 2010.

El titular del juzgado de Nules concluye tras finalizar la instrucción que ha detectado «facturas» vinculadas a las citadas subvenciones que suman 1,8 millones que «no responden a ningún trabajo prestado, ejecutado o entregado». El Servicio Valenciano de Empleo, recuerda el auto, ya solicitó en julio de 2014 a la Cierval el reintegro de 418.579 euros de las ayudas por gastos «no justificados» de los cursos que la CEC había conveniado con las academias centro de oficios la Vall, restaurante El Palau la Vall y centro de formación Alto Palancia. En mayo de 2015, el Servef pidió la devolución de otros 143.478 euros de partidas no acreditadas por parte del Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castelló, exfilial de la CEC de la que era que consejero delegado Rafael Montero.

El Consell remitió luego documentación a la fiscalía anticorrupción y esta presentó una denuncia, que adelantó Levante de Castelló. El juez de Nules, Jacobo Pin, el mismo que procesó al expresidente de la diputación, Carlos Fabra, inició la instrucción en julio de 2015. Entonces, el Consell había informado de unas facturas supuestamente irregulares que ascendían a los 600.000 euros. En la investigación judicial ha surgido una retahíla de facturas no acreditadas que, según la resolución judicial, alcanzan un presunto fraude de 1,8 millones, el triple de lo señalado por el Servef. Cierval, ante la falta de fondos de la CEC, adelantó 600.000 euros al Consell. La causa judicial podría obligar a la patronal a pagar otros 1,2 millones de euros, lo que la abocaría al concurso de acreedores.

El juez ha procesado al secretario general de la CEC, Rafael Montero, al directivo de la patronal, José Antonio Espejo, a la patronal y la Cierval y a tres de los cuatro empresarios implicados: Elodia Salvador Benedito, Elodia Benedito Salvador (madre e hija, titulares de las instalaciones en las que debían impartir las clases), y Rufino Martínez (marido de Elodia Salvador), que emitió facturas por estos cursos junto a la empresa de Álvaro García Osorio «Consultoría y Estudios AGP». Este último no ha sido procesado al no hacer sido localizado.

El juez expone que Montero y Espejo «aprovechándose de sus cargos orgánicos» «se concertaron» con Elodia Salvador Benedito, Elodia Benedito Salvador, Rufino Martínez y Álvaro García para beneficiarse económicamente del expediente público que incluía la subvención para la ejecución de un plan de formación intersectorial». Según el magistrado, «simularon la intervención de Álvaro García y Rufino Martínez en labores accesorias de los cursos ofertados en academias de las que era titulares Elodia Salvador Benedito y Elodia Benedito Salvador, girando el cobro contra la cuenta de la CEC directamente a Álvaro García y Rufino Martínez, sin razón contractual para ello, unad supuestas facturas, muchas de las cuales no están documentadas, y las que sí incluyen conceptos no justificados» por un valor «de 1,6 millones de euros». Añade que 1,4 de los 1,6 millones fueron retirados por Álvaro García y Rufino Martínez en metálico.

Una operativa similar se empleo, agrega el juez, con 148,589 euros adscritos a cursos del Instituto de Formación. Esta filial de la CEC devolvió en cheques a la patronal 160.000 euros, remarca el auto.

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