La patronal autonómica Cierval derivó ayer toda la responsabilidad del caso de la formación por el que ha sido procesada por el juez de Nules en la provincial de Castelló CEC y en su secretario general, Rafael Montero, igualmente procesados. Fuentes de la organización consultadas ayer por este diario recordaron que los hechos presuntamente delictivos se produjeron cuando Montero era, a la vez, el secretario general de la CEC y de Cierval. Asimismo, indicaron que la patronal autonómica «no ha cometido ningún delito ni contra Hacienda ni contra la Seguridad Social por fraude de subvenciones porque no ejecutó aquellos cursos de formación». Tampoco incurrió en ningún delito de falsedad de documentos, como también la acusa el juez, porque «quien firma y sella es la CEC; Cierval solo traslada la documentación a la administración».

En este sentido, conviene explicar que la Generalitat suscribe los convenios de formación con Cierval, dado que esta es la organización autonómica, pero la entidad no realiza cursos. Se limita a canalizar las peticiones que le llegan desde las confederaciones que la conforman, es decir, las provinciales de Castelló, Alicante y Valencia, si bien esta última ha seguido sus pasos y también ha renunciado a impartir formación. Por tanto, en Cierval entienden que la responsabilidad recae exclusivamente en la CEC, que fue la que pidió y ejecutó los cursos. El casi medio millón que le reclamó la Generalitat lo tuvo que poner Cierval porque la CEC, próxima al preconcurso de acreedores, no disponía de liquidez, pero forma parte de la deuda que tiene contraída con la autonómica. Desde esta última añadieron que, a la espera de conocer en profundidad el auto del juez, «lo más lógico es que presentemos un recurso», para el que hay tiempo hasta principios del próximo septiembre.

Por otro lado, la gestora que rige los destinos de la CEC presentó ayer por la mañana la declaración de preconcurso de acreedores. Asimismo, sopesa despedir a Montero sin indemnización en la reunión del 8 de agosto.