La Unión Europea tiene actualmente una política restrictiva en el uso de productos fitosanitarios. Estas limitaciones afectan sobre todo a los países del sur del continente, donde las condiciones meteorológicas son favorables a que la incidencia de las plagas sea mayor.

El último capítulo de esta historia se ha desarrollado a lo largo de este año. La UE valoró el pasado julio la posibilidad de prohibir el triciclazol, una sustancia que hasta el momento ha sido la más eficaz para combatir el hongo de la pyricularia, que perjudica especialmente a los arrozales valencianos. En 2015 la cosecha de arroz disminuyó un 15 % en la Comunitat Valenciana, y las pérdidas monetarias para los agricultores alcanzaron los 5,6 millones de euros.

En este sentido, existe una corriente ecologista contraria al uso de los pesticidas por su factor contaminante situada sobre todo al norte de Europa, donde las bajas temperaturas imposibilitan la propagación de las plagas.

En el Comité Permanente de Plantas, Animales y Piensos de la UE, celebrado el mes pasado, los países del sur „España, Italia, Grecia, Portugal y Francia„ consiguieron un bloqueo parcial de esta medida, trasladando el asunto a un comité de apelación que tendrá lugar en septiembre, otorgando así cierto margen de maniobra al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España.

Una historia que viene de largo

Las prohibiciones de la UE en materia de productos fitosanitarios comenzaron con la legislación de 2009, donde uno de los artículos decretaba un «criterio de corte», mediante el cual múltiples sustancias fueron eliminadas. «En 2009 hubo una reducción brutal de sustancias activas», afirma Juan Salvador Torres, secretario general de AVA-Asaja y Vicepresidente del Grupo de cuestiones fitosanitarias de COPA-Cogeca.

Dentro de estos criterios de corte Torres remarca aquellas sustancias activas que pueden interferir en la actividad hormonal de las personas, ya que de entre cuatro criterios de catalogación que disponía la UE, eligió «uno de los peores», ya que se basa en un criterio de peligro y no de riesgo. «Esto ocurre porque se aplica el principio de precaución, y se recurre a la posición más extrema. No nos parece razonable que se definan las cosas por peligro y no por riesgo», argumenta.

Tras esta eliminación masiva „el 60 % de las sustancias fueron suprimidas„, el citado grupo de trabajo presentó un estudio que determinaba los efectos que podría tener esta ley contra los productos fitosanitarios en Gran Bretaña. «Las consecuencias en Reino Unido eran brutales, lo cual nos hizo preocuparnos», explica Torres. Para ilustrar la magnitud del problema y tras los resultados de la investigación sobre Gran Bretaña, el grupo pidió extrapolar este informe a nivel europeo.

De esta manera, COPA-Cogeca ha analizado la productividad durante cinco años de 7 cultivos „que representan el 70 % de producción del continente„ tras la hipotética desaparición de 75 materias activas. La investigación se basa en las nueve economías más grandes de Europa „suman el 75 % del total„ y traslada los resultados a nivel europeo.

Además de los cultivos básicos se analizaron 24 especializados de cada país, que en el caso de España fueron los cítricos y el arroz. Según el secretario general de la Asociación Valenciana de Agricultores en la Comunitat Valenciana la pérdida de rentabilidad de los cítricos sería de entorno el 36 % y la del arroz del 28 %.

Pérdida del 40 % de rentabilidad

«Europa perdería aproximadamente un 40 % de la rentabilidad», sentencia Juan Salvador Torres, que señala tres problemas derivados de esta cifra. En primer lugar, menos instrumentos de lucha contra plagas; una mayor resistencia y reproducción de las mismas al no tener impedimentos; y por último el «factor de competencia desleal, ya que terceros países competidores valencianos no cuentan con esta prohibición». Además, según se ha extraído del análisis, el carácter exportador de Europa puede invertirse, de manera que el continente requiera de importaciones de cultivos de trigo, cebada y patatas.