Las inspecciones provinciales y la Dirección General Trabajo y Bienestar Laboral han puesto en vereda en los seis primeros meses del año a las empresas que han vulnerado derechos de los trabajadores o que no han cumplido la legislación laboral. Según la información facilitada por los órganos fiscalizadores de Castelló, Valencia y Alicante y la Generalitat, entre enero y junio de este año se abrieron 790 expedientes a empresas por valor de 4.324.637 euros. Un incremento sustancial respecto a ejercicios anteriores, según la directora general del ramo, Cristina Moreno, que «no tiene un afán recaudatorio sino garantizar los derechos de los trabajadores y la igualdad de oportunidades» entre empresas que compiten en un mismo mercado.

Las sanciones más elevadas impuestas por los órganos correctivos han recaído en las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) agrícola por «cesión ilegal de trabajadores», gracias a una campaña impulsada desde la Generalitat en la pasada temporada de cítricos en la Comunitat Valenciana. Estas multas representan el 98 % de los 2.820.155 euros sancionados por la propia dirección general y aprobados por el pleno del Consell, como obliga la legislación en estas sanciones que son las más graves y cuantiosas.

«El objetivo de nuestra campaña no es recaudatorio sino para hacer cumplir la ley y garantizar a los trabajadores sus derechos y la igualdad de oportunidades entre empresas», explica Moreno. «Hubo una falta de cumplimiento en los anteriores consells, una prueba de que el PP no tenía especial interés», criticó.

La directora general de Trabajo y Bienestar Laboral defiende que el objetivo de su departamento «es ordenar el mercado laboral. La reforma del Gobierno de Mariano Rajoy tuvo grandes efectos sobre los trabajadores y sus derechos». «Sólo falta no cumplir la ley», sentencia la alto cargo. «Queremos ordenar los mercados más desordenados, el campo, sobre todo la naranja y la economía sumergida», apunta.

En la provincia de Alicante las sanciones han alcanzado el medio millón de euros, la mayor parte por la falta de seguridad y los incumplimientos en el horario. En Castelló la cuantía de sanciones alcanza los 220.000 euros, donde destacan las multas por la ausencia de medidas de protección. En Valencia, las multas superaron los 733.000 euros, con el sector servicios como principal foco de incumplimientos e irregularidades.