La petición de la Comisión Europea (CE) de multar el Gobierno de España por el incumplimiento de la sentencia de la estiba de 11 de diciembre de 2014, tal como avanzó ayer Levante-EMV, preocupa de lleno a las Autoridad Portuarias mientras el Ministerio de Fomento (en funciones), la patronal del sector (Anesco) y los sindicatos guardan silencio y miran hacia otro lado. Bruselas propone multar a España con 134.107 euros por cada dia que pase sin reformar la estiba, un sector donde exige poner fin al monopolio de las empresas únicas que operan en cada recinto portuario, al tiempo que reclama liberalizar la contratación del persona de carga y descarga de buques.
El recurso interpuesto el pasado 13 de julio de 2016 por la Comisión Europea al Reino de España, tal como reconoce el Diario Oficial de la UE, incluye una multa de 27.522 euros diarios desde que se dictó la sentencia en 2014, que ascendería a 15,9 millones de euros; así como sanción coercitiva de 134.107 euros por cada día de retraso en la aplicación de la resolución del Ejecutivo comunitario del pasado mes de julio.
Fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), que preside Aurelio Martínez, sostienen que es necesario que «todo» el sector de la estiba «adecue las medidas reclamadas por Bruselas, regularice la situación y permita trabajar con competitividad y eficiencia a los puertos». En ese sentido, las mismas fuentes resaltan que «así lo reclaman las navieras en los puertos transoceánicos, y el puerto de Valencia lo es, abierto a la competencia global».
Mutismo absoluto
Mientras tanto, el Ministerio de Fomento guarda mutismo. Puertos del Estado no atendió ayer las reiteradas llamadas de este diario para recabar su valoración sobre la resolución de multa de la Comisión Europea al Gobierno de España. Tampoco la patronal que aglutina los intereses de las empresas estibadoras, Anesco, quiso pronunciarse sobre la reforma de la estiba y la millonaria sanción de Bruselas.
Desde que el Tribunal de Justicia de la UE emitió la sentencia, el Gobierno „cuya exministra de Fomento, Ana Pastor, dejó el cargo y en actualidad es presidenta del Congreso„ no ha logrado la reforma legislativa exigida.
La actual Ley de Puertos de España dispone que en los puertos de interés general deben crearse empresas privadas denominadas SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios), que son las que contratan a los estibadores y los ponen a disposición de las empresas de manutención de carga. La paralización en la reforma de la estiba en España bloquea el convenio colectivo del puerto de Valencia.
