La Inspección de Trabajo se ha tomado muy en serio la tarea de acabar con la explotación que, a su juicio, sufren las camareras de piso desde que los hoteles empezaron a subcontratar estos servicios con la única finalidad de rebajar el importe de las nóminas que cobran estas trabajadoras. Una práctica que la autoridad laboral considera ilegal si dicha externalización no aporta ningún otro beneficio adicional, y por la que ya ha impuesto 720.000 euros en multas a distintos establecimientos de la Comunitat Valenciana en apenas un año y medio, desde enero de 2015 hasta junio de 2016. Un total de 120 actas de infracción.
La provincia de Alicante es la que acapara la mayoría de sanciones, con un montante de más de medio millón de euros. Con toda probabilidad, las multas se incrementarán en los próximos meses, a medida que se conozca el resultado de las inspecciones realizadas este verano, cuyos expedientes aún se encuentran en tramitación.
De momento, con los casos ya cerrados, la Inspección ha levantado hasta 109 actas de infracción en hoteles de la Costa Blanca „72 en 2015 y 37 en los seis primeros meses de 2016„, que suman 510.000 euros en sanciones, según la información facilitada a este diario por el responsable de este organismo en la autonomía, Eusebio Ortiz. Pero, además, los establecimientos multados también deberán hacer frente a la parte de las cotizaciones que dejaron de abonar a la Seguridad Social al pagar salarios por debajo de lo establecido en el convenio del sector,. Por ejemplo, en el caso de los hoteles sancionados el año pasado, esto supondrá otro desembolso de 547.000 euros.
En Valencia, donde el número de inspecciones ha sido menor „este año se han visitado 10 hoteles frente a los 58 de Alicante„, las infracciones detectadas fueron 11, lo que acarreó multas por valor de 162.000 euros. La campaña no ha podido desarrollarse en Castelló porque allí la hostelería tiene bloqueado su convenio colectivo.
Despedidas y vueltas a contratar
Según explica Ortiz, fueron los propios inspectores los que empezaron a detectar que muchos hoteles estaban subcontratando los servicios de las camareras de piso a través de firmas externas durante el transcurso de las campañas de prevención que habitualmente se realizan para enseñar a estas empleadas a evitar problemas musculares. «Las mismas trabajadoras que salían por una puerta despedidas, volvían al hotel trabajando para la subcontrata», señala el responsable de la Inspección. También los sindicatos llevan tiempo denunciando la situación y la propia Generalitat, a través de la dirección general de Trabajo y Bienestar Laboral, está apoyando las actuaciones para frenar esta práctica. Del mismo modo, las afectadas han creado una asociación en Benidorm, donde son más numerosas, que denominan «Las Kellys».
Lo que consiguen los hoteles con la externalización de estos servicios es que las camareras de piso ya no reciban su salario según lo que marca el convenio de hostelería „donde su retribución se fija en unos 1.300 euros brutos mensuales„, sino con el baremo por el que se rija la subcontrata. En unos casos es el convenio del sector de limpieza y, en otros, el de oficinas y despachos, lo que significa un recorte de aproximadamente unos 300 euros de media en el salario.
Pero los peores casos se dan en aquellas subcontratas que se definen como «empresas multiservicios» y que, por la variedad de actividades que desarrollan, consideran que no están sujetas a un convenio en concreto, lo que da pie a que lleguen a aplicar el salario mínimo interprofesional, según afirman desde la Inspección. Según los cálculos de «Las Kellys», muchas apenas cobran 1,5 euros por adecentar una habitación.
Cesión ilegal
En todos estos casos, el organismo público considera que esta externalización no aporta ningún beneficio real -no existe una mayor especialización, por ejemplo, ni sus trabajadores hacen nada que no puedan hacer los propios de la empresa- y se trata de una simple estratagema para recortar costes y «degradar las condiciones laborales». Por eso lo consideran una «cesión ilegal de trabajadores». La buena noticia es que la presión de las inspecciones y, también, el rechazo social que ha provocado que la situación de estas trabajadoras salga a la luz ha llevado a algunos hoteles a revertir la situación, en unos casos, o a suspender el proceso de externalización que se habían planteado, en otros.
