Las empresas valencianas de energía renovable pagan al año cuarenta millones de euros por el impuesto aprobado por el Gobierno del PP que grava la producción. La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen) exigió ayer la supresión de la tasa porque «lastra el desarrollo de las renovables». La patronal ha contactado con los responsables de los grupos políticos a nivel nacional para que asuman un compromiso firme con las renovables, que es uno de los sectores más castigados por los bandazos que han ido dando los sucesivos gobiernos.
El impuesto que la patronal exige que se elimine lo aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para paliar el déficit tarifario, según lamentó ayer el presidente de Avaesen, Marcos J. Lacruz. El representante del sector aseguró que es «un impuesto injusto» porque «tenía una finalidad ambiental que nunca se ha cumplido. Además, es un lastre añadido para las instalaciones que ya han sufrido una legislación retroactiva, lo que coloca a España en la cola mundial del impulso e inversión en renovables». La tasa grava con un 7 % la producción de energía eléctrica.
La recaudación de todo el sector energético español por este impuesto ascendió a 1.261 millones de euros en 2013 y 1.459 en 2014, de los que las renovables supusieron 694 y 607 millones respectivamente. Marcos J. Lacruz precisó que la factura a las renovables de la Comunitat Valenciana es de cuarenta millones de euros. Las productoras de las renovables pagan ese gravamen sin trasladarlo al consumidor y las de los convencionales sí lo cobran.
Más de 5.500 valencianos han perdido sus ahorros por el pinchazo de la burbuja de las plantas fotovoltaicas. La burbuja se formó en España entre 2007 y 2008, y resultó de la combinación de una regulación fallida que alentó la especulación. El Ministerio de Industria del primer Gobierno de Zapatero lanzó en febrero de 2007 el real decreto 661/2007 que buscaba cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea para aumentar el peso de las renovables. El Gobierno ofreció un incentivo de 442 euros por megavatio producido durante treinta años para alcanzar el objetivo de instalar 371 megavatios de potencia.
El problema es que se generó una gran burbuja que contribuyó a disparar el déficit tarifario. Zapatero tomó en ese momento medidas para reducir las ayudas comprometidas y el PP agravó la situación al sustituir el régimen de subvenciones por una retribución sobre el 7 % de la inversión en virtud de «una rentabilidad razonable». La tasa del 7 % aprobada en 2012 y el conocido como «impuesto al sol» terminó de dar la puntilla al sector.
En la Comunitat Valenciana hay trescientas empresas especializadas en energía solar que dan trabajo a 6.500 personas. Las firmas valencianas tienen 5.616 instalaciones que producen 350 megavatios. El hundimiento del sector llegó a tal punto que en 2014 solo se instalaron en la C. Valenciana 0,15 megavatios de energía renovables.
