Los acusados por el uso de tarjetas black de Caja Madrid defendieron ayer que Bankia, su matriz el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no tienen legitimidad para ejercer la acusación en el juicio que comenzó contra 65 altos cargos y consejeros de la entidad.

Se acusa a los exdirectivos de Caja Madrid y Bankia de apropiación indebida de 12 millones. Para Miguel Blesa y Rodrigo Rato se piden las mayores penas por considerarles responsables del sistema de apropiación del dinero. Entre los acusados figura el valenciano Juan Emilio Iranzo, utilizó la tarjeta de Caja Madrid durante dos años y en ella cargó casi 47.000 euros en viajes, lencería o copas, entre otras compras.

La defensa de la primera veintena de acusados se adhirió a la expuesta por el letrado del consejero y exsecretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, que recordó que la caja madrileña tenía personalidad jurídica independiente a la de Bankia, que fusionó para su creación también a otras cajas.

En cuanto al FROB, el abogado asegura que el presunto perjuicio provocado en sus arcas se circunscribe al rescate, ejercido ya en Bankia, lo que vacía de sentido su presencia en la vista como afectado particular. Este punto y la reclamación de nulidad de las pruebas solicitadas por los expresidentes de la entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato han centrado las reclamaciones de los acusados en la primera jornada del juicio.

En concreto Blesa esgrimió que Bankia, personada como acusación particular en el caso de las tarjetas 'black', no obtuvo la información relacionada con el uso de las tarjetas opacas de forma legal. Carlos Aguilar, abogado del que fuera presidente de la entidad nacionalizada entre 1996 y 2010, argumentó que existe «falta de legitimación» en la obtención de los datos y ha solicita la nulidad de las pruebas obtenidas «por infracción de los derechos fundamentales».

Por su parte, en una breve intervención, el abogado del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, Ignacio Ayala, hizo alusión a la violación de la Ley de Protección de Datos en el acceso del banco a los extractos de su tarjeta, una vulneración que afecta a sus derechos fundamentales. Al igual que la defensa de Blesa, solicita aportar el justificante del ingreso de parte de la cantidad que gastó con el plástico, algo más de 50.000 euros de los 99.054,59, que destinó al pago de cuentas de restaurantes o a la compra de bebidas alcohólicas, entre otras cosas.

Además, los acusados por la utilización de tarjetas 'black' de Caja Madrid reclamaron la nulidad del auto de apertura de juicio oral al considerar que los hechos han prescrito y que, a pesar de ello, la Fiscalía Anticorrupción se ha dedicado a «resucitarlos».

José Antonio Choclán, abogado defensor del miembro de la Comisión de Control, José María Buenaventura, precisó ante el tribunal que la ley establece un máximo de 5 años para la prescripción y ha citado la jurisprudencia del Tribunal Supremo que valida este plazo.