El Consell ha denunciado ante el juzgado de instrucción a la patronal alicantina Coepa por presuntamente haber desviado dos millones de euros de dinero público a cometidos que nada tienen que ver con las subvenciones y un préstamo que les otorgaron para la construcción de su centro de formación en Alicante. En la querella acusa a la entidad empresarial de fraude en subvenciones, falsedad documental, estafa y apropiación indebida por haber duplicado facturas para justificar los mismos conceptos. En total, Coepa recibió 3,8 millones en subvenciones y tres millones en un préstamo del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para acometer el proyecto que se ha convertido en el detonante de la quiebra de la entidad empresarial.
El Servef destinó entre 2005 y 2010 1.915.000 euros para las obras del Centro de Formación en Prevención de Riesgos Laborales. Además, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral subvencionó durante la primera década del 2000 a Coepa con otros 1.802.165 euros y Sepiva (empresa pública) con 103.641 euros. Además de este dinero, la patronal alicantina solicitó en 2006 un préstamo de tres millones de euros al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). En total, 6,8 millones de euros para la construcción del edificio.
Tras una denuncia de Cepyme en noviembre de 2015 por presuntas irregularidades en el uso del edificio, el Servef requirió en enero de 2016 a Coepa que devolviera los 1,9 millones subvencionados por incumplimiento del convenio de financiación. El departamento de la Conselleria de Economía aseguraba que el edificio de la patronal no cumplió los años estipulados para albergar cursos de formación. Al mismo tiempo, el IVF reclamó la devolución de los tres millones de euros del préstamo que provocó que la patronal alicantina solicitara el concurso de acreedores. Y fue en la justificación de éste y la subvención cuando en la Conselleria de Economía y el banco público detectaron una gran irregularidad que es la que ha servido para instrumentar la querella.
Así, según la querella presentada por el Servef, «las facturas presentadas por Coepa, para la obtención y el desembolso de aquel préstamo, han sido simultáneamente aportadas como justificación del gasto para percibir las cantidades otorgadas» por el Servicio Valenciano de Ocupación. Es decir, añade, la patronal alicantina «ha utilizado idénticas facturas, es decir se han duplicado facturas aportadas, por una parte al IVF y por otra al resto de entes otorgantes de subvenciones».
Todas las facturas las expide la mercantil Hormigones Martínez entre los años 2005 y 2010, la empresa del que fuera presidente de Coepa desde 2009 hasta 2011 e imputado en el caso Gürtel Tomás Martínez Berna. Martínez Berna tuvo que dejar la presidencia de la patronal alicantina cuando apareció vinculado a la macrocausa de financiación ilegal del PP. La querella se encuentra investigada en el juzgado de Instrucción número 5 de Valencia.
La querella está firmada por la que fuera secretaria autonómica de Economía María José Mira, quien tuvo que salir de la conselleria por desavenencias con el actual conseller Rafa Climent. En la denuncia, la administración entiende que «supone una infracción de entidad» haber destinado para el mismo cometido dinero de subvenciones de la Generalitat y de un préstamo del IVF. «Un préstamo a todas luces incompatible con las subvenciones otorgadas, ya que estas tienen el carácter de fondos finalistas y aquel, se concedió con idéntico objeto y finalidad, sin que se haya puesto en conocimiento de ninguno de los entes implicados en estos hechos», reza la denuncia.
Fines distintos y desconocidos
Y concluye: «No podemos llegar a otra conclusión de que los fondos que exceden del importe total de las facturas doblemente aportadas (más de dos millones de euros) y que deberían constituir el coste de la construcción y equipamiento de formación, han sido destinados a fines totalmente desconocidos para los entes públicos concedentes, pero que sin lugar a dudas, son distintos al propósito para el que fueron otorgados».
