En un ambiente casi de euforia, con una economía valenciana creciendo al 3,7 % interanual y siendo la segunda región exportadora de España sólo superada por Cataluña, las empresas valencianas celebraron ayer la Noche de la Economía. El acto organizado por la Cámara de Comercio de Valencia fue considerado por su presidente José Vicente Morata como la velada de las «empresas» porque «la economía valenciana avanza porque las empresas están haciendo su trabajo». Acudieron, entre otros, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, muy cuestionado por su actitud respecto a las inversiones del Estado en la C. Valenciana.
La gala sirvió para trasladarle al representante del Gobierno el malestar en las instituciones valencianas y de los empresarios por la falta de financiación e infraestructuras. Puig fue el más incisivo al reclamar al Gobierno lealtad institucional con las comunidades autónomas y respeto a «las competencias, la diversidad de identidades y la gestión de las diferencias», así como «nuevas reglas del juego» para que exista «auténtica cooperación».
El presidente manifestó que no se trata solo de una cuestión financiera sino que existe «un problema de lealtad» en la cooperación entre las instituciones, y defendió que las autonomías también son Estado y no son «la administración malgastadora de España». «Esta deslealtad institucional es una situación profundamente injusta, no con las instituciones, sino con los ciudadanos», según dijo Puig.
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, fue por los mismos derroteros al reclamar para el cap i casal «las mismas inversiones en infraestructuras y actividades culturales que cualquier ciudad de España».
El ministro Catalá se dio por aludido y respondió recordando que el Gobierno «ha invertido 6.000 millones de euros en la Comunitat Valenciana». «Inversiones en carreteras, en la red ferroviaria, en puertos y en aeropuertos que han permitido la llegada de dieciocho millones de turistas a Valencia», defendió. Catalá reclamó a las instituciones valencianas que «generen confianza» y eso se hace «hablando de lo bueno que tenemos». «Hay que lanzar un mensaje de confianza en las instituciones», sentenció.
En su discurso, José Vicente Morata aseguró ayer que las empresas valencianas necesitan la colaboración entre los gobiernos autonómicos y central para «conseguir un verdadero mercado único», en referencia a los distintos tributos y normas administrativas que afectan al funcionamiento de las compañías. Morata también reclamó la colaboración a la Generalitat para incrementar la competitividad de las empresas y el impulso de tratados comerciales a nivel internacional, como por ejemplo el TTIP.
El presidente cifró una serie de medidas para que las empresas valenciana continúen siendo la locomotora del crecimiento económico. «Las empresas no pedimos subvenciones, sino un entorno que no penalice la actividad empresarial, pedimos que se abarate el coste de la energía, que se atraiga inversión extranjera y que se fomente el emprendimiento y la digitalización», afirmó.
Con la presencia del ministro de Fomento en Funciones, Rafael Catalá, Morata recordó que es necesario disponer de «un marco de financiación autonómica que garantice que todos los españoles, vivan donde vivan, la misma sanidad, enseñanza y prestaciones». Y añadió: «Necesitamos unas infraestructuras de comunicación y logística que nos permita aprovechar nuestros recursos y saquen ventaja de nuestra situación geoográfica».
El presidente de la Cámara hizo un llamamiento a los políticos asistentes a los que mostró una gran preocupación por «un entorno en el que parece prevalecer el conflicto y los debates estériles».
Al acto asistieron los máximos representantes del empresariado valenciano, el presidente de Cierval, José Vicente González, y el presidente de la CEV, Salvador Navarro, así como el presidente de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, Emili Villaescusa. Estuvieron también el conseller de Economía, Rafa Climento, y el de Hacienda, Vicent Soler, así como el delegado del Gobierno Juan Carlos Moragues.
