El rechazo de la Generalitat a la inversión de 800 millones de euros para un complejo comercial en Paterna ha puesto el foco en el concepto de la seguridad jurídica. Tras más de tres años de tramitación y medio centenar de informes recabados por los promotores de Puerto Mediterráneo la comisión de evaluación ambiental del Consell ha decidido tumbar el proyecto a partir de dos informes de última hora, uno del Ministerio de Fomento y otro del departamento de Movilidad de la Conselleria de Obras Públicas.
La administración autonómica apela a ese concepto, el de la seguridad, al apuntar que no puede dar vía libre a un proyecto que se salta la normativa. Desde el entorno del grupo promotor, la joint venture de capital británico Intu Eurofund, se advierte precisamente de la violación de esa seguridad jurídica al revisar aspectos que ya habían quedado zanjados por organismos públicos.
Una de las cuestiones que más ha sorprendido es la de la disponibilidad de los recurso hídricos. El informe desfavorable al proyecto emitido por la Comisión de Evaluación Ambiental alega que «no quedaría garantizada la disponibilidad del total de los recursos hídricos demandados».
Concretamente, la comisión integrada por técnicos y cargos de Medio Ambiente y Obras Públicas señala: «Considerando que el volumen de agua residual represente un 80% de la demanda, el volumen diario que requeriría la actuación ascendería a 2.132,325 m2/día, y a un total de 778.298 m3/año. Por lo que si los datos de volumen de depuración son correctos, no lo serían los de recursos hídricos necesarios».
Aprobado a la segunda
Sin embargo, un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) fechado el 18 de febrero de 2015 «informa favorablemente la actuación territorial estratégica Puerto Mediterráneo». En concreto, la CHJ apunta en este informe (redactado tras modificaciones en el proyecto después de que meses atrás se informara en contra) que «el incremento de demanda previsto puede ser atendido desde los orígenes propuestos».
La entidad estatal apunta que «los derechos para abastecimiento procedentes de aguas subterráneas de los municipios que constituyen la Emshi (entidad metropolitana de servicios hidráulicos)» garantizan el abastecimiento humano; y que con la concesión de aguas reutilizadas de la depuradora de Fuente del Jarro «es posible atender la demanda para usos no potables de la actuación propuesta».
Además, posteriormente el proyecto redujo su edificabilidad en un 25% (de ahí que se hiciera una segunda exposición pública de la ATE en julio de 2015), lo que reduce también el agua a utilizar.
