La patronal autonómica Cierval tiene pocas opciones de lograr financiación para desbloquear sus cuentas, congeladas desde el pasado miércoles por orden de la Agencia Tributaria, que le reclama en torno a 170.000 euros de subvenciones para formación gestionadas por la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC). Según las fuentes consultadas por este diario, dada la situación agónica, en términos financieros, en que se encuentra la organización autonómica, parece imposible que algún banco acuda en su socorro. Así que la entidad presidida por José Vicente González fía la resolución de este problema, que le llevó el jueves a anunciar a su docena de trabajadores que no podrán cobrar la nómina de septiembre, a que la Generalitat le abone una deuda pendiente de 2015 derivada de la ley de participación institucional.

También cabe que le anticipe pagos correspondientes a 2016, pero las fuentes consultadas aseguran que esta opción es un arma de doble filo, porque las acciones de la participación institucional hay que justificarlas como si fueran subvenciones y si se utiliza el dinero para tapar el actual agujero el déficit aparecerá más adelante. Otra opción sería que la provincial de Valencia, la CEV, saliera a su rescate coyuntural, pero las fuentes consultadas lo descartan completamente.

Por otro lado, fuentes de la Generalitat aseguran a este diario que en el Consell existe una gran preocupación por el futuro de la patronal autonómica, cuya única viabilidad depende de que la CEV la absorba y, con sus saneadas cuentas, enjugue las deudas que atenazan a Cierval por los impagos de la CEC y de la alicantina Coepa, así como por las obligaciones que, como el citado caso de formación, se le están acumulando por irregularidades de gestión en sus provinciales fundadoras.

Lo que no está claro ahora es que esa operación sume y, por tanto, podría no concretarse si pone en peligro también el futuro de la CEV. En el Consell, aseguran las fuentes consultadas, «queremos un interlocutor solvente», que, además, «es esencial para el diálogo social y la concertación». Esa preocupación, según ha constatado este diario, es compartida por los sindicatos mayoritarios.