La patronal CEOE se ha mostrado radicalmente en contra de esta medida del Gobierno porque es «desproporcionada y excesiva». Para los empresarios, supone que las empresas «financiarán al Estado a un tipo cero, soportando la mayor carga del esfuerzo para la reducción del déficit». «Este dinero anticipado por las empresas no podrá, por tanto, ser dedicado a la inversión, con el consiguiente impacto en la creación de empleo», defienden.
Asimismo, para la patronal, «puede acarrear problemas en su solvencia a corto plazo suponiendo en algún caso una revisión de la calificación crediticia concedida con el consiguiente encarecimiento de la financiación». «Afecta a la competitividad pues no podemos olvidar que las empresas españolas compiten con rivales situados en otras jurisdicciones que, al no estar afectadas por medidas de este tipo, disponen de más liquidez para acometer inversiones y proyectos de investigación, a la vez que su financiación será más barata», argumentaron nada más aprobar la medida el Consejo de Ministros.
