La Federación Empresarial del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa) asegura que no cometió ninguna irregularidad en la solicitud de ayudas para cursos de formación para 2016, que le fueron denegadas por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef).
El organismo público considera que Fempa «falseó las condiciones para la baremación» incluidas en la convocatoria, la primera de formación ocupacional que se realiza en libre concurrencia. En concreto, uno de los criterios que permitían elevar la puntuación era tener en plantilla personas discapacitadas, en riesgo de exclusión social o mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, el Servef detectó que cuatro de las cinco personas acreditadas para cumplir este requisito fueron dadas de alta el día anterior a presentar la solicitud y causaron baja sólo dos días después, lo que les hizo sospechar y consultar a la Abogacía de la Generalitat, que aconsejó el rechazo de la petición de ayudas.
Este diario informó de ello en su edición del pasado 29 de septiembre con un titular que decía: «El Consell destapa otro caso de irregularidades en la patronal alicantina y le deniega un millón». El subtítulo afirmaba que «La federación del metal Fempa, gran opositora interna en la Coepa, a la que denunció por sus cuentas, es "pillada" por la gestión de la formación». Finalmente, el despiece se titulaba: «Discapacitados despedidos tras lograr la subvención». Fempa ha remitido una rectificación en la que hace constar que «ni despidió a discapacitados, ni "logró" subvención alguna ni, por supuesto, fue "pillada" por la formación. Ninguna de estas afirmaciones responde a la verdad».
La organización añade que «esta federación, fruto de convenios de colaboración suscritos con entidades del prestigio de Nazaret, Cáritas, Upapsa o Casa Oberta, con los que ha desarrollado multitud de proyectos en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, regularmente ha contratado y contrata los servicios de personas de colectivos en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad para tareas específicas y puntuales de ensobrado, realización de envíos, organización de almacenes, recogida de materiales, etc., utilizando para ello modalidades de contratación laboral perfectamente reguladas, previa su alta en la Seguridad Social. Se trata de contratos puntuales con una duración determinada, con un principio y un fin».
Fempa asegura que «tampoco "logró" subvención alguna, ya que las ayudas a las que se refiere la noticia no se llegaron a conceder, por lo que Fempa no recibió ningún dinero ni fondos, al no serle concedida la subvención».
La patronal alicantina del metal considera que «la denegación de la ayuda por parte del Servef nada tiene que ver con la gestión de formación y el propio Servef ha afirmado públicamente que no ve motivos para denunciar a Fempa y que únicamente dejó a la federación fuera del acceso a estas ayudas con carácter preventivo».
Fempa afirma que la puntuación que otorgaban las citadas contrataciones «no era decisiva» a la hora de lograr la subvención y recuerda al respecto que, en las cinco líneas en las que se presentó, obtuvo puntuaciones de entre 103 y 112,97, cuando el requisito de contratar discapacitados solo se valoraba con 1,85 puntos. Por último, la entidad recuerda que «las bases reguladoras y la convocatoria incluían como novedad este año un aspecto de valoración respecto a la disposición de plantilla de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social». Fempa «realizó a la Conselleria una consulta previa» sobre modalidad contractual y duración, «recibiendo por contestación que no existía limitación como condición».
