El exsecretario general de Cierval y exdirectivo de la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC), Rafael Montero, y el también exdirectivo de la CEC, José Antonio Espejo Pérez han sido elegidos miembros del Consejo Social del Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) de Benicarló a propuesta de «las organizaciones empresariales más representativas». El CIPFP es la nueva denominación que la Logse (Ley orgánica general del sistema educativo) da a los antiguos institutos de Formación Profesional y el consejo social es su órgano máximo de gobierno.
La designación de ambos exdirectivos de la patronal se produce después de su imputación por el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules por el presunto fraude en los cursos de formación de la Generalitat el pasado mes de septiembre y que deberán declarar como investigados el próximo 16 de octubre.
La resolución en la que se designa miembros del Consejo Social del CIPFP de Benicarló a ambos exdirectivos de la patronal está firmada por la directora general de Empleo y Formación, Rocío Briones, el pasado 8 de septiembre, aunque fue publicada en un diario oficial el 20 de septiembre, cuando la imputación de Montero y Espejo ya era pública y conocida.
El juez ha procesado a la CEC y a la patronal autonómica por el cobro de cursos de seguridad laboral para trabajadores que nunca se habrían realizado por valor de 418.700 euros en los años 2009 y 2010.
El Consell de Alberto Fabra inició en 2014 una investigación sobre el presunto fraude en las ayudas del Servef para formación después de que la Agencia Tributaria les alertara en 2013 de que dos empresas que habían hecho cursos para la CEC en 2009 y 2010 no disponían de empleados ni de recursos para ello. Pese a que en 2011 el Servef había pagado a la patronal valenciana por estos cursos, posteriormente rectificó y solicitó el reintegro de 478.579,84 euros (los 418.700 euros de la subvención más 58.879 euros de intereses de demora). La CEC pagó pero el Servef continuó con la pesquisas y acabó presentando una denuncia ante la Fiscalía Provincial, que la derivó a la oficina delegada de Anticorrupción que a su vez presentó una denuncia ante el juzgado de Nules que inició una instrucción judicial que acabó con la imputación de Rafael Montero y José Antonio Espejo.
Montero causó baja en la organización el 15 de septiembre tras ser destituido de sus cargos por la asamblea de la CEC el 8 de agosto al conocerse su implicación en la investigación judicial.
