El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, apuntó ayer que la investigación sobre la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa) por el fraude de subvenciones está en Fiscalía tras la denuncia presentada por el Servef y advirtió que el Consell no opinará hasta que este órgano «no ponga los puntos sobre las íes sobre toda esta situación». Las acusaciones formuladas por el Servef contra Coepa pueden suponer importantes penas para los responsables de la patronal en caso de ser encontrados culpables de las mismas tras la investigación judicial. El delito más grave sería el de fraude en subvenciones públicas, que puede acarrear un castigo de entre uno y cinco años de prisión, según lo establecido en el Código Penal.
Insistido sobre la cuestión, afirmó que no le gusta hablar de hipótesis, sino de «realidades», por lo que volvió a indicar que hay que «esperar» y, a partir de ahí, que se tomen las decisiones que correspondan. En todo caso, puntualizó que a la administración no le corresponde tomar «ninguna decisión» ni tiene «una responsabilidad directa». Por tanto, instó a que cada agente asuma sus responsabilidades y a que «las competencias queden delimitadas».
