El Consell enterró ayer de forma definitiva el proyecto comercial y de ocio que pretendía levantar en Paterna un macrocentro de un millón de metros cuadrados, con una inversión de 800 millones y un impacto de 4.000 empleos. Puerto Mediterráneo, al menos tal y como estaba proyectado, ya es historia para la administración valenciana, que aboca el proyecto a la batalla judicial.

La consellera de Obras Públicas, María José Salvador, estampó ayer su firma en la resolución que formaliza la denegación del proyecto, después de que la subdirección general responsable de la actuación territorial estratégica emitiera el pasado viernes un informe proponiendo la denegación.

La decisión estaba cantada desde que el pasado 29 de septiembre la Comisión de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente dio una memoria desfavorable al proyecto, atendiendo a aspectos como irregularidades en los accesos, carencia de recursos hídricos o impacto sobre el territorio, la contaminación atmosférica o alguna especie de la flora local. Desde ese día, tanto la consellera como el presidente Puig y la vicepresidenta Oltra señalaron que la decisión no se desmarcaría del criterio de la comisión. Y así ha sido.

Con todo, también desde el primer momento los promotores de Puerto Mediterráneo, la joint venture Intu Eurofund, han anunciado su intención de batallar por todas las vías, cuestionando lo que entiende una decisión «arbitraria» y que vulnera la seguridad jurídica.

De hecho, el promotor ya se ha movilizado para tratar de conseguir un pronunciamiento favorable del Ministerio de Fomento, organismo que emitió uno de los dos informes negativos en que la Comisión de Evaluación Ambiental ha basado su negativa. El promotor sostiene que ese informe de Fomento ha sido negativo debido a que el retraso del Consell en reclamarlo ha sido tan grande que ha aparecido nueva normativa que ha dejado desfasada su propuesta. El delegado del Gobierno le brindó su apoyo el pasado viernes.

Además, los promotores enviaron a Obras Públicas, órgano sustantivo de la actuación territorial, un extenso escrito de alegaciones el pasado viernes con la intención de que la consellera Salvador reconsiderara la situación, revocara esa memoria desfavorable y se emita una nueva atendiendo a los aspectos expuestos.

No será el caso. Desde la conselleria apuntan que ante la memoria ambiental no caben alegaciones y que es un informe que cierra la tramitación como punto final a todos los informes previos.

Del mismo modo, la resolución firmada ayer por la consellera de Obras Públicas pone punto final al procedimiento administrativo (tampoco cabe recurso), con lo que a los promotores sólo les queda la vía contencioso-administrativa para revertir el pronunciamiento del Consell.

Con la negativa a esta ATE y la voluntad de suprimir esa figura y sustituirla por otra todavía por definir, la única alternativa urbanística para volver a intentar el desarrollo es la figura del plan parcial, que es la que está utilizando Inditex para ampliar las instalaciones de Tempe en Elx.