En un auto contra el que no cabe recurso y en el que no deja títere con cabeza, la Audiencia Nacional ha ordenado por segunda vez que se investiguen las circunstancias en que se emitieron y comercializaron las cuotas participativas de la CAM en las que miles de clientes de la caja invirtieron sus ahorros y carentes de valor en la actualidad. La resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Ana María Rubio, estima íntegramente los recursos presentados por los afectados contra el archivo de la causa decretado en junio por la magistrada Carmen Lamela, quien ya entonces desoyó el mandato de la Audiencia de seguir investigando este asunto.
Es más, en el auto notificado ayer se le indica a la instructora el camino a seguir, que no es otro que la práctica de diligencias que permitan determinar si los compradores de estos productos complejos sabían en realidad lo que estaban adquiriendo y se cometieron irreguridades en su comercialización aunque no hubieran sido detectadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), desmontando así uno de los argumentos en que se apoyó la juez para cerrar el proceso. Unas pruebas que los recurrentes, y ahora la Audiencia Nacional, considera necesario que se soliciten.
Los magistrados ven preciso indagar cuál fue la información legal que recibieron los compradores para adquirir estos «productos complejos» y cuáles fueron los perfiles de los adquirientes.
