14 de octubre de 2016
14.10.2016

El Consell compra los peores activos de la SGR por 26 millones y crea un banco malo para venderlos

El IVF diseña un plan financiero para salvar a la entidad avalista tras desechar una oferta a la baja por los inmuebles adjudicados - El rescate público se fundamenta en el uso de 200 millones del FLA para liquidar el grueso de la deuda, que pasa de 390 a 90 millones

14.10.2016 | 04:15
El Consell compra los peores activos de la SGR por 26 millones y crea un banco malo para venderlos

El director del IVF, Manuel Illueca, presentó ayer el plan de ingeniería financiera para salvar la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), la entidad en que 9.000 empresarios se apoyan para lograr financiación bancaria mediante sus avales y que amenaza a las arcas autonómicas con un agujero de 390 millones. Será un rescate público, doloroso para la Hacienda, pero menor del que causaría la quiebra, que además dejaría a miles de pymes sin las aportaciones que realizaron para obtener los avales. El plan pasa por reducir la deuda de 390 a 90 millones y tener una SGR viable que vuelva a ser útil a las empresas.

Uno de los pilares del plan es que la Generalitat va a comprar una parte, la más tóxica, de la cartera de inmuebles que la SGR se había tenido que quedar por operaciones fracasadas. Concretamente, el Consell pagará 26 millones por unos activos tasados en unos 90 millones. Son 750 fincas en total.

El Consell, según deslizó Illueca, no creará una Sareb valenciana ex novo, sino que se traspasarán los activos a una empresa del sector público. Será, casi con seguridad, la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), que gestiona suelo y viviendas públicas.

Esos activos que se traspasarán formaban parte de la denominada Operación Citrus, que era la clave de bóveda para la salvación de la SGR. No obstante, el fondo internacional que optaba se quedó muy lejos de los 170 millones que el IVF pretendía ingresar. Ofreció 65 millones y solo por una parte de los activos, la de más fácil venta.

De ahí que el IVF, que controla la SGR, se haya decantado por una solución alternativa, «porque iba directa a la liquidación». Además de los activos que va a traspasar a la Generalitat, la sociedad avalista se quedará con los inmuebles adjudicados de más fácil venta y los usará como aval de una parte de la deuda con los grandes bancos (la senior).

La clave de la solución definitiva a los males de la SGR está en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con el que el Estado está financiando a las autonomías. Illueca ha conseguido que el IVF disponga de 200 millones de ese fondo tras las negociaciones mantenidas a principio de este año con el Banco de España y la Intervención del Estado (IGAE). No será una deuda añadida, ya que esos 200 millones están computados ya por el Banco de España dentro del agujero autonómico de 43.000 millones.

Con ese dinero del FLA, el IVF saldará 168 millones que la SGR tiene de deuda bancaria subordinada. Además le quedará un remanente de 26 millones, que irá destinada a amortizar una parte de la deuda bancaria senior (institucional), que asciende a 221,3 millones.

De esta última cantidad, cien millones se descontarán con un contrato de reafinanzamiento. Para completar esa operación, la SGR utilizará el resto de su cartera de activos (la de más valor) que no ha vendido a la Generalitat, y con la que avalará 54,3 millones de la deuda con los grandes bancos. La última pieza del puzle es un préstamo participativo de 40 millones de la Generalitat a la SGR, aunque no tendrá garantía del Consell y correrá a cargo de la propia SGR.

La entidad es ahora un auténtico zombie, hasta el punto de que en 2015 solo ha formalizado avales por 3,2 milones, cuando preveía 30. El plan a futuro contempla alcanzar los 150 millones en 2023, homologable a lo que prestan las entidades avalistas de otros territorios.

Con el plan, en definitiva, se reduce de aquí a marzo la deuda desde 390 a 90 millones. Fracasada la operación Citrus, se trata de un rescate público en toda regla. Pero la alternativa es la quiebra y que la Generalitat asuma íntegros los 400 millones de pasivo. Con esta operación, el Consell se ahorra al menos los 54 millones que la entidad avalará con la cartera de activos que se queda.

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