El Consell bipartito ha rescatado con 200 millones a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) para mantener una herramienta fundamental para la financiación de las pymes. Pero el sacrificio que van a realizar los valencianos por salvar este instrumento del sistema financiero propio tendrá una contrapartida. Los actuales gestores actuarán contra los culpables del desastre para intentar recuperar parte del dinero volatilizado. O al menos, contra los que se pueda. El Instituto Valenciano de Finanzas, (IVF) que está tutelando la salvación de la SGR, actuará como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en los casos Bancaja y Caja Madrid e irá por lo penal contra todas aquellas operaciones sospechosas y fraudulentas que hubieran podido hundir la sociedad de garantías.
Según explicó el director general del IVF, Manuel Illueca, utilizará la metodología del Frob para detectar los perjuicios ocasionados por actuaciones sospechosas en avales que se dieron sin ninguna garantía o que directamente fueron fraudulentos. Para ello, y como ya anunció Illueca en su comparecencia de las Corts el pasado jueves, se apoyará en una conocida consultora independiente «y con amplia experiencia en este tipo de actuaciones» para elaborar los informes «forensic» sobre determinadas operaciones. Una vez recibidas y estudiadas estas auditorías forenses externas, se actuará en consecuencia y se llevará por la vía penal, no se ha aclarado si fiscal o judicial, para que se diriman responsabilidades y se busque a los responsables. «Se irá a por las operaciones que no tienen ninguna lógica económica», especificó el también presidente de la SGR.
Cabe recordar que el Frob denunció ante Anticorrupción una decena de operaciones sospechosas de Bancaja y Caja Madrid antes de la fusión con Bankia. Posteriormente, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri hizo lo mismo con otras actuaciones de los anteriores gestores. De estas pesquisas, ahora se investiga por la Audiencia Nacional el pufo de Grand Coral, donde la caja valenciana perdió más de 70 millones. Hay 23 exconsejeros de la entidad imputados en esta causa.
Illueca ya tiene experiencia en la limpieza de la SGR, puesto que acabó con todo el consejo de administración y con el consejero delegado. De todas formas, fuentes del Consell reconocen que en la SGR todavía existen créditos que se dieron sin garantías y de esos se podrá recuperar poco.
Mientras, la SGR intenta sobrevivir ofreciendo garantías a pymes con pocos recursos.
