El Tribunal Constitucional ha eximido a la Unión General de Trabajadores de tener que devolver 151 millones de euros que ofreció el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la organización entonces dirigida por Cándido Méndez, en 2005, tal como pretendía el recurso interpuesto en su día por 80 diputados del Partido Popular y por Comisiones Obreras. El Ejecutivo socialista atribuyó esa ayuda, que también incluyó la cesión de 26 inmuebles a la central ugetista en diferentes localidades de España, «con la devolución del patrimonio incautado por el régimen franquista» a la UGT.
La central que dirigía Méndez -en la actualidad está en manos de Josep Maria Álvarez, desde el pasado mes de marzo- destinó aquel montante económico a saldar la deuda que tenía con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), entonces presidido por Aurelio Martínez, a la sazón actual máximo responsable de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Aquel pasivo se generó tras el escándalo de la cooperativa de viviendas PSV y que acabó en bancarrota. Esa inyección de capital fue clave para evitar la insolvencia de UGT debido a las dificultades financieras que atravesaba entonces.
Una década después
La sentencia 125/2016 del Tribunal Constitucional, de 7 de julio de 2016, se publica diez años después del recurso de un grupo de diputados del PP -y de cuyo procedimiento se retiró finalmente CC OO- contra el Real Decreto-ley 13/2005, de 28 de octubre, que modificó la cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado del Estado.
Según fuentes jurídicas, contrasta la lentitud del Tribunal Constitucional en dictar el fallo de este recurso interpuesto contra un Real Decreto que aprobó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entonces gobernado por Valeriano Gómez, quien fue administrador único de la cooperativa de viviendas PSV. La adjudicación de 151 millones a la confederación de la UGT fue criticada por algunos dirigentes de Comisiones Obreras. El otrora diputado en el Congreso por el PSOE Antonio Gutiérrez, en noviembre de 2005, se negó a convalidar la norma que pretendía «querer subsidiar de manera artera y con dinero público a UGT». Con ese dinero se condonó la deuda que esta central sindical mayoritaria tenía con el Instituto de Crédito Oficial.
El retorno del patrimonio sindical a UGT por la cantidad que se valoró entonces fue posible gracias a que el Ejecutivo central de Rodríguez Zapatero reformó en marzo de 2005 la ley que fijaba los criterios de devolución de lo incautado a las organizaciones de trabajadores de España y que databa de 1986. Este cambio legal flexibilizó los documentos exigibles a los sindicatos para acreditar la propiedad de los bienes incautados.
«Vagos y mareantes»
Para el secretario general del Sindicato Independiente (SI) de la Comunitat Valenciana, Fermín Palacios, «instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional dejan mucho que desear, ya que están contaminados por el clima de corrupción generalizada que se ha enseñoreado de nuestro país». En su opinión, los magistrados del Constitucional son «vagos y mareantes, con sueldos elevadísimos, cobran por su holganza y dejan que los años corran devengando trienios y quinquenios sin resolver los casos. Dictan sentencias alejadas de la realidad», agrega.
