La proliferación de estaciones de servicio automatizadas que funcionan sin personal, las conocida como gasolineras ´low cost´, ha desencadenado una oleada de regulación en el Estado y las comunidades. En Valencia, la Conselleria de Economía acaba de lanzar al sector su propuesta de resolución para regular este sector. Grosso modo, la Dirección General de Comercio estipula como norma general que debe haber una atención personal en «horario diurno», que queda fijado entre las seis de la mañana y las diez de la noche los días laborables.
Con todo, se establecen excepciones en función de por ejemplo, la ubicación territorial, encaminadas sobre todo a las particularidades de las cooperativas agrarias. En ese caso, el responsable de la atención podrá no estar físicamente en la estación, pero sí localizable a menos de 15 minutos.
Curiosamente, la propuesta que ha presentado Economía, conselleria controlada por Compromís, es de las más permisivas con las nuevas gasolineras ´low cost´, lamentan desde la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio (Fedmes), sindicatos y entidades de discapacitados. La mayoría de comunidades o ya tenían o acaban de aprobar modificaciones normativas para que las gasolineras estén asistidas siempre que se encuentren abiertas.
Es el caso de Castilla y León, que a principios de este mes modificó el estatuto del consumidor en este sentido con apoyo de todos los partidos. O las Islas Baleares, que cambio su norma en mayo de 2015 ante la aparición del debate. También en la Comunidad de Madrid, liderada por el PP, se ha aprobado por unanimidad una resolución para cambiar la norma y que siempre que las instalaciones estén abiertas haya una persona debidamente formada. Se espera que entre en vigor en enero. Lo mismo ocurrió en Aragón, que legisló en diciembre de 2014; o Murcia.
Frente a esto, la Comunitat Valenciana está alineada con comunidades como Asturias, cuyo anteproyecto de ley habla de al menos una persona responsable en horario diurno, de seis de la mañana a diez de la noche, Andalucía, o el País Vasco, que también está en fase de regulación en ese sentido.
Se trata de un asunto complejo. En él intervienen debates como la libertad de mercado. Montar una gasolinera de este tipo tiene un coste no excesivamente caro, pero choca con los intereses del sector de las estaciones de servicios tradicionales, que apelan igualmente a las reglas del libre mercado para competir en igualdad de condiciones. También subyace el interés de las grandes petroleras, que cuentan con sus áreas de servicio. Y de forma tangencial irrumpe un aspecto vinculado a los derechos del consumidor, concretamente del consumidor discapacitado, que está presionando también para mantener estas gasolineras asistidas y no ver mermados sus derechos.
