El juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante dio ayer un auténtico balón de oxígeno a la patronal alicantina Coepa al rechazar de plano el recurso que había interpuesto el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) contra la admisión a trámite de su propuesta de convenio para salir del concurso. Una decisión que ha evitado que Coepa se vea obligada a ir directamente a liquidación y que, por tanto, deja en manos de los acreedores ordinarios —básicamente, la patronal autonómica Cierval— la aprobación o el rechazo de este plan durante la junta que deberá celebrarse el próximo 11 de noviembre.

De esta forma, la supervivencia de la patronal alicantina dependerá de lo que decidan los empresarios valencianos y castellonenses, que el pasado martes optaron por encargar un informe jurídico antes de fijar su posición sobre una propuesta que supondría perdonar a Coepa hasta el 95% de la deuda, y sentaría precedente en la organización.

De momento, lo que el juez deja claro es que los plateamientos de la organización presidida por Francisco Gómez cumplen con la legalidad y, por tanto, deben someterse a votación, frente a lo que pretendía el IVF. Es más, en el auto, el magistrado critica de forma implícita la actitud del banco público al señalar que la liquidación de Coepa no aumentaría las posibilidades de que cobrara su crédito —la patronal debe 3,2 millones al IVF de la hipoteca de su centro de oficios—, y que la única diferencia sería «el cese de la actividad y la extinción de la entidad», lo que iría contra el espíritu de la Ley Concursal que, precisamente, lo que pretende es dar una nueva oportunidad a las empresas y las organizaciones con problemas.

La comisión de economía de Cierval comprobó ayer que la organización autonómica tendría su contabilidad de 2016 completamente ajustada si no fuera por las deudas presentes y futuras de sus socias de Castelló, la CEC, y de Alicante. El informe pedido a la consultora Grant Thornton debe dilucidar, por un lado, las consecuencias para los gestores de Cierval de aceptar o, eventualmente, rechazar la quita que pide Coepa, que se aproxima al medio millón de euros, y, por el otro, a cuánto pueden ascender los compromisos pendientes de la castellonense CEC. Esta última adeuda en torno a los 250.000 euros en cuotas, pero sobre todo está señalada por su gestión de la formación. Su representante en la citada comisión admitió ayer el escalofriante horizonte al que se enfrenta la organización, que irá a concurso en noviembre y que está siendo investigada por los tribunales. Sin capacidad financiera, los requerimientos conocidos y los que pueden llegar en el futuro —superarán el millón de euros si no se aceptan los recursos— va a tener que abonarlos Cierval, que tampoco dispone de liquidez. El citado informe también debe clarificar ese escenario. Con el documento en la mano, los dirigentes de Cierval se reunirán el 9 de noviembre y decidirán si la autonómica debe entrar también en concurso.