El Diari Oficial hizo pública ayer la resolución de la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, que pone fin al proyecto de Puerto Mediterráneo. Con ese trámite, al mismo tiempo, se inicia una cuenta atrás de 60 días: es el tiempo que tiene de plazo el promotor, Intu Eurofund, para decidir si recurre al sala de lo Contencioso del TSJ. También es el tiempo que tienen los promotores para buscar un entendimiento con la Generalitat. Tal como se anunció, la memoria desfavorable de la Comisión de Evaluación Ambiental ha sido clave para tumbar el proyecto. La consellera Salvador cita doctrina del Supremo para justificar que «no puede apartarse» del contenido de este informe. Y también se apoya en el informe desfavorable de Fomento y el de Movilidad de la Conselleria de Obras Públicas para blindar su posición ante una futura batalla judicial. La resolución también supone la devolución de la garantía de un millón que había depositado el promotor británico. El pago se realizará en próximas fechas.

El escenario es incierto en estos momentos. El Palau de la Generalitat sigue sin dar fecha al encuentro solicitado por Intu para tratar de buscar una solución alternativa al proyecto. La aspiración de los inversores es mantener la vigencia de los más de 45 informes favorables que ha ido recabando de diferentes administraciones estos años.

Pero la Generalitat ha sido un muro ante esta idea y les emplaza a empezar de cero. La única alternativa ahora mismo es un plan parcial que, en el mejor de los casos, retrasaría como mínimo otro año y medio el proyecto.